Madrid / Oviedo, Agencias
Los planes antifraude de la Agencia Tributaria acentuarán este año la persecución de ciertas prácticas de economía sumergida que se intensifican en las épocas de crisis. En coordinación con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, Hacienda reforzará el control de los profesionales (abogados, economistas, médicos...), utilizará nuevos procedimientos para identificar actividades no declaradas y pondrá también en el punto de mira a los desempleados que, cobrando del sistema de protección social, realizan al mismo tiempo trabajos remunerados irregulares.
El Gobierno ha decidido estrechar el cerco sobre el fraude fiscal en un contexto de ajuste del gasto público y de intentos de la Administración por mejorar sus ingresos, tocados por la crisis económica. Como cada año, la Agencia Tributaria acaba de activar un plan antifraude con los objetivos para 2010. Sus líneas generales, publicadas ayer en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), comprenden medidas que ya se venían aplicando (lucha contra las tramas de evasión del IVA, control del sector inmobiliario, seguimiento de las operaciones de comercio exterior...) y otras de diseño más reciente, como el uso de nuevas herramientas para detectar a los defraudadores. «Se potenciarán las actuaciones sobre las rentas de actividades profesionales mediante la utilización de nuevas fuentes de información o signos externos de riqueza», señala el plan.
Esto es, los equipos de inspección estarán atentos a las grandes compras (grandes inmuebles, coches de altísimas prestaciones, yates...) para comprobar si se corresponden con los niveles de facturación que se declaran. Otra práctica común será utilizar la información sobre los consumos eléctricos para detectar inmuebles que consten como vacíos y que sean usados para negocios o alquileres por los que no se tributa. Hacienda prevé, asimismo, que se incrementen las inspecciones «presenciales» en locales donde se sospeche que se desarrollan actividades económicas ocultas.
Las actuaciones, añade el documento de la Agencia Tributaria, «perseguirán también la identificación de trabajadores falsamente autónomos». Se trata de combatir una práctica frecuente de ciertas empresas, que para ajustar sus costes prescinden de trabajadores asalariados y los fuerzan a darse de alta como autónomos para desarrollar la misma labor, reduciendo así el pago de cotizaciones sociales. Se buscará igualmente «el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas y que, además, puedan estar percibiendo prestaciones asistenciales en materia de desempleo o de la Seguridad Social». Esta línea de lucha antifraude, precisaron fuentes de Hacienda, está orientada a combatir el trabajo irregular de los parados que cobran del sistema de protección, pero también a investigar a quienes contratan los servicios de estos trabajadores y pagan en «dinero negro».
