Oviedo, Luis GANCEDO

El impuesto «verde» creado este año por el Principado repercutirá en el precio de la luz si prospera el criterio que defienden las empresas eléctricas. El tributo gravará las torres y cables de las compañías dedicadas a la distribución y al transporte de electricidad y, como estas actividades tienen un precio regulado y son retribuidas de acuerdo con las reglas que fija la Administración central, el sector considera que los costes que supone el impuesto deben ser reconocidos entre los que se financian por medio de la tarifa. Con ese trasfondo, la aplicación de la «ecotasa» asturiana está sobrevolada por incertidumbres de calado jurídico y económico. Queda abierta, incluso, la posibilidad de que las familias y las empresas asturianas tengan que pagar más por la luz que las de otras comunidades.

El llamado «Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente» fue incorporado al catálogo de tributos propios del Principado por iniciativa de IU, aliado de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en el Gobierno regional. Está pensado para recaudar unos 18 millones de euros al año con cargo a las empresas propietarias de redes de servicios (electricidad, gas, comunicaciones...) con equipos industriales que se suelen instalar en el medio rural. Las compañías quedan obligadas a pagar por cada torre eléctrica, aerogenerador, poste o antena, así como por cada kilómetro de cable o gasoducto. Será a razón de 700 euros al año por unidad. Se trata de «compensar a la sociedad el coste que soporta» por el impacto ambiental de tales estructuras.

Hasta ahí, parte de lo recogido en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Principado para 2011. ¿Quién pagará finalmente el impuesto? ¿Repercutirá en los consumidores? La iniciativa de IU -asumida por el PSOE, aunque con reparos de algunos miembros socialistas del Gobierno- llegó acompañada de un estudio de Roberto Fernández Llera, profesor de la Universidad de Oviedo. Allí se consideraba «improbable» que la tasa acabara pagándola el consumidor. Hay otras opiniones del mundo académico que tienen signo distinto. El catedrático vallisoletano Zenón Jiménez-Ridruejo ha escrito lo siguiente sobre un impuesto análogo al asturiano que se quiere aplicar en Castilla y León: se está «propinando una patada a las empresas productoras de electricidad en el trasero de los consumidores y de los empresarios».

El sector del kilovatio ya está dando pasos para llevar la ecotasa asturiana a los costes que se financian a través de la tarifa eléctrica y, con ello, al recibo de la luz. Hidrocantábrico (HC), principal distribuidora en la región, presentó a finales del pasado año una petición al Ministerio de Industria que aparece resumida en estos términos en un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE): «HC propone que la orden de tarifas de acceso (...) incluya una disposición adicional en la que se recoja un cargo sobre los peajes en el Principado para hacer frente al impuesto». Esto es, se plantea que el impacto económico del tributo en la red de distribución sea reconocido como un coste más de la actividad y, con ello, comprendido en la retribución regulada que se paga a cada empresa por medio de la tarifa.

Según conoció este periódico, otros grupos energéticos afectados -entre ellos Red Eléctrica de España (REE), titular de instalaciones de alta tensión en Asturias, y Electra de Carbayín, pequeña distribuidora que opera en Siero y otros territorios limítrofes- trabajan con un criterio semejante al de HC. E.On, titular de redes en la comarca del Caudal y en el occidente de la región, podría estar en la misma línea.

Las empresas eléctricas son las primeras contribuyentes potenciales del «impuesto verde» asturiano. La región tiene unos 10.000 kilómetros de tendido eléctrico (en redes de transporte y distribución). La Consejería de Medio Rural, liderada por Aurelio Martín (IU) y promotora del tributo, ha estimado que la recaudación entre estas compañías puede ascender a 10 millones de euros al año, el 55% de todos los ingresos esperados.

La maniobra del sector para que ese dinero sea reconocido como un coste más entre los financiados por la tarifa tiene sustento en la ley del Sector Eléctrico, de 1997. HC Energía ha invocado ante el Ministerio de Industria lo que establece el artículo 17.4 de esa norma: «En caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, al peaje de acceso se le podrá incluir un suplemento territorial, que podrá ser diferente en cada comunidad autónoma o entidad local».

Tal artículo abrió, por tanto, la puerta a que se rompiera la unidad de precio en la tarifa eléctrica, asumiendo además otro principio: que si una autonomía se decide a establecer un tributo, las repercusiones deben impactar en su territorio y no en los demás. Pero la contraria es otra opción posible, según las informaciones recabadas: que los costes derivados del impuesto se diluyan en la tarifa eléctrica y sean soportados por todos los consumidores, asturianos o no.

No obstante, según fuentes cercanas al Gobierno central, la legislación está por desarrollar, de modo que ni el Ministerio de Industria ni la Comisión Nacional de la Energía precisaron a este diario cómo puede resolverse la cuestión que están planteando las eléctricas con el impuesto asturiano. Aunque existen otras regiones con tributos ambientales e incluso con tasas autonómicas que afectan al sector energético (Extremadura y Galicia), no está tan claro que haya algún precedente de un impuesto que incida de manera directa en actividades cuyos costes y retribuciones están intervenidos por la Administración. Ocurre así con el transporte y la distribución de energía, no con la generación, que es un negocio liberalizado. Los costes de las actividades reguladas (peajes) afectan al recibo de la luz de todos los consumidores, estén acogidos a la tarifa de último recurso, como la gran mayoría de las familias, o hayan contratado en el mercado libre, como la gran mayoría de las empresas.

Las incertidumbres en torno a la ecotasa asturiana coinciden cuando se está extendiendo a otras autonomías el interés por crear tributos que afectan al sector energético. Ocurre al hilo de las graves dificultades financieras de las regiones. El impacto de tal política sobre los hogares y los negocios es por ahora una incógnita, aunque el Consejo Económico y Social (CES) de Asturias ya dio la alarma cuando, a finales del pasado año, emitió su dictamen sobre el tributo asturiano: «El CES muestra su preocupación (...) por las eventuales repercusiones que este impuesto puede tener sobre el precio de la energía en consumidores y empresas usuarias».