Budapest, Agencias / L. G.

La reunión informal de los ministros de Economía de la zona euro fijó ayer, en Budapest, las líneas maestras del rescate financiero de Portugal: el mecanismo de auxilio de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectará en tres años unos 80.000 millones de euros al estado luso, de los cuales España aportará unos 5.000 millones en forma de avales; a cambio, el país deberá abordar un fuerte ajuste fiscal, más reformas estructurales y un «ambicioso» programa de privatizaciones, según expresión utilizada por los dirigentes comunitarios. Entre los principales candidatos a la privatización está Energías de Portugal (EDP), controlada en un 25% por el Estado y propietaria en Asturias de Hidrocantábrico (HC Energía).

La ayuda europea va unida a una lista de deberes que aún deben negociarse con el Gobierno interino del dimisionario José Sócrates y para el que también se tendrá en cuenta la opinión de la oposición. El Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 5 de junio será el encargado de ejecutar los compromisos adquiridos con Bruselas. Y ya se da por seguro que Portugal tendrá que aplicar un plan de ajuste más severo que el rechazado por el Parlamento el pasado 23 de febrero, traspié que provocó la renuncia del socialista Sócrates y que dejó al país a merced de los mercados financieros».

«Portugal deberá prever un ambicioso programa de privatizaciones», precisó ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. La expresión «ambicioso» indica que pueden no bastar los compromisos de privatización, en principio de menor intensidad, esbozados meses antes por el Gobierno de Sócrates. Ya entonces se puso sobre la mesa la venta de una parte de la participación pública en EDP, aunque mediante una fórmula -emisión de obligaciones convertibles en acciones- que dejaba a salvo el control estatal de una compañía de gran valor estratégico para los portugueses. No en vano, controla casi como un monopolio tanto la generación como la distribución de electricidad en el país.

El destino de EDP es también el de HC Energía, uno de los grandes negocios exteriores del grupo luso, junto a la filial de energías verdes (EDP Renovables, con sede en Oviedo) y a las posiciones que tiene en el mercado energético brasileño. EDP controla el 96% de Hidrocantábrico desde los acuerdos que la compañía portuguesa firmó con Cajastur en 2004. En virtud de ese pacto, la caja asturiana está en el capital de la matriz portuguesa con un 5% y la condición de socio estratégico, formando parte del núcleo duro accionarial. Los referidos acuerdos, que incluyen el mantenimiento de la sede en Asturias y compromisos inversores, expiran en 2012. Para entonces, EDP y Cajastur deberán sentarse a negociar, siga o no el Estado con la posición preeminente que tiene ahora.

La participación en EDP es, junto al 49% de REN (compañía titular de la red eléctrica de alta tensión), uno de los grandes activos empresariales de la Administración portuguesa y sobre el papel también uno de los más apetecibles para los inversores. Hasta ahora, Portugal ha mantenido su eléctrica blindada también mediante una «acción de oro», reservándose el Estado la capacidad de veto en caso de decisiones de gran alcance (fusiones, adquisiciones...) y limitando los derechos políticos (capacidad de voto) de los accionistas privados.

El rescate de Portugal y su potencial impacto en su sector público llegan unos meses después de que el Tribunal de Luxemburgo declarara ilegales los blindajes de EDP. Lisboa se encomendó entonces a la solidez del núcleo accionarial como herramienta defensiva ante posibles intentos hostiles de compra. Tal estrategia quedaría desactivada si Portugal es obligado a liquidar toda o buena parte de su participación.

La eléctrica portuguesa no es la única europea bajo control público. Lo sigue estando EDF en Francia o la italiana Enel, propietaria de Endesa, que fue, hasta su privatización -iniciada bajo el Gobierno de Felipe González y culminada con Aznar en la Moncloa-, la gran empresa eléctrica pública de España.

EDP ya tiene en su accionariado grupos con potencia económica para buscar una participación mayor. Es el caso de la española Iberdrola, que tiene un 6,8% del capital, aunque está fuera del consejo de administración por un desencuentro que data de 2001. Y el grupo público brasileño Eletrobras reconoció, antes de que se agravara la situación de Portugal, que medita la compra al Estado del 10% de EDP. El Gobierno buscaba así un accionista amistoso para su «joya» eléctrica.