Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria formalizaron ayer la presentación ante el Banco de España de su proyecto de fusión virtual y las dos opciones por las que se inclina de forma alternativa o complementaria (captar inversores que adquieran el 20% del futuro banco compartido por las tres cajas o desprenderse de algunos activos) para adaptarse a las exigencias de capital principal sobre activos de riesgo que el Gobierno impuso el 18 de febrero. Esta fusión virtual se replanteó la semana pasada tras renunciar las tres cajas a continuar su inicial proyecto de fusión con CAM.

La ruptura de la anterior alianza se desencadenó tras el conocimiento por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de datos de CAM a los que sus socios no tuvieron acceso hasta el 18 de enero y que, según los datos y testimonios que van aflorando, ya habían sido incluidos en un acta del Banco de España el 18 de diciembre, unos diez días antes de que los entonces cuatro socios constituyeran el Banco Base.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, defendió ayer el papel de Cajastur en el proceso de «fusión fría» con Caja Cantabria y Caja Extremadura y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y en la ruptura con esta última. «Tan loable es el propósito de querer crecer como el de dar marcha atrás», dijo García Vigón ante la decisión de Cajastur de romper su relación con la CAM.

Según los datos ya avanzados por este periódico el pasado día 3, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron abandonar la fusión virtual con CAM una vez que tuvieron conocimiento de que las cuentas que manejaban de la entidad alicantina no incluían tres aspectos que CAM no había puesto sobre la mesa: una reclasificación de créditos, que habían pasado a ser considerados como morosos, por un importe superior a 600 millones, y sendos contratos con la aseguradora Aegon y con la financiera General Electric que incorporaban cláusula de penalización por encima de los 600 millones en caso de cambio de titularidad de los mismos, lo que hubiese ocurrido de seguir adelante con el proyecto del Banco Base. Estos tres factores aumentaban las necesidades de capitalización, a juicio de sus socios, en unos 1.300 millones adicionales a los 1.447 millones que determinó el supervisor el 9 de marzo.

Según los nuevos testimonios que se han podido obtener, esas necesidades complementarias fueron advertidas en un acta del Banco de España del 18 de diciembre.

Los socios de CAM reprocharon a esta entidad que no les hubiese alertado de ello en ese momento ni cuando diez días más tarde, el 28 de diciembre, constituyeron el Banco Base. Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria no fueron informados del contenido de esa acta de inspección, según los testimonios recabados, hasta un mes más tarde de cuando la recibió CAM. Los socios se enteraron en el consejo de administración que el Banco Base celebró el 18 de enero.

Ajeno a esta polémica, el presidente de la patronal asturiana criticó ayer que el proceso de fusiones es «muy lento» y que está «lastrando» la concesión de créditos y, por tanto, la actividad empresarial. Además, calcula que cuando se concluya el proceso se generará un desempleo entre 15.000 y 20.000 personas. Según su opinión, Cajastur seguirá creciendo, pero no a través de más fusiones («porque ya hubo una experiencia fallida»), sino «con fondos potentes que prestigien su posterior salida a Bolsa».