Unos 4.500 empleados públicos griegos ya fallecidos seguían cobrando aún sus pensiones. Así lo reveló la ministra de Trabajo, Luka Katseli, como ejemplo de la lucha de su Gobierno contra el fraude a la Seguridad Social. El pago de esas pensiones fraudulentas ha supuesto más de 16 millones de euros.
Este tipo de fraudes se sospechaban en el país; de hecho, siempre se dijo que Grecia no conocía el número exacto de sus funcionarios. A ello se suma que los ciudadanos griegos son los mayores evasores fiscales de Europa, según todos los estudios. Todo ello no impidió a miles de personas manifestarse frente al Parlamento ayer acusando de «ladrones» a los políticos del país.
El Gobierno griego está analizando ahora a más de 9.000 pensionistas que tienen más de 100 años para determinar cuántos de ellos están realmente vivos. La ministra estima que el ahorro anual podría superar otros 100 millones.
Asimismo, Katseli reconoció que las medidas que ha tenido que adoptar el Gobierno para hacer frente a los problemas económicos del país son «duras y difíciles», pero incidió en que son importantes para salvar Grecia y asegurar un futuro a próximas generaciones.
La operadora alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom adquirió al Gobierno griego una participación del 10% en la operadora helena de telecomunicaciones por alrededor de 400 millones de euros.
Mientras tanto, el ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde afrontará desde hoy un juicio en el que está acusado de negligencia grave por el colapso bancario de su país en octubre de 2008.
El encargado de estudiar el caso será el Landsdómur, un tribunal especial creado para procesos que afecten a miembros del gobierno y que nunca había actuado en los casi 67 años de independencia de esta isla situada en el Atlántico norte.
La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althingi (Parlamento islandés) así lo decidió en septiembre por 33 votos a favor y 30 en contra, siguiendo el consejo del informe realizado anteriormente por la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.
