Madrid - Oviedo, J. A. ARDURA
Los juristas recelan y albergan dudas de las consecuencias y los efectos prácticos que pueda tener la decisión del Gobierno de imponer un tope constitucional al déficit. Constitucionalistas como Ramón Punset y Miguel Presno reconocen que la medida es «factible», sobre todo si cuenta con el respaldo de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, pero muestran su sorpresa por que una medida de esa trascendencia, que obligará a reformar la Constitución por segunda vez en 33 años, se ponga en marcha en plenas vacaciones de verano y en la recta final de la legislatura. Ramón Junceda, experto en derecho administrativo, sostiene que esta reforma no tumbará el principio de autonomía financiera reconocido en la Constitución a todas las comunidades autónomas.
l Ramón Punset, catedrático en Derecho Constitucional, considera excesivo que el techo del déficit deba ser regulado mediante una reforma constitucional. «Jurídicamente se puede hacer. Esta figura ha sido incluida en la reforma de la Constitución alemana. Ahora bien, el Estado queda desarmado para enfrentarse a una crisis económica, que requiera medidas transformadoras del ciclo, y obliga al Tribunal Constitucional a controlar la política económica del Gobierno. Me parece gravísimo y todo por una imposición alemana, muy característica de su historia, que tiene numerosos episodios sobre inflación y déficit presupuestario desde la República de Weimar. Poner el control de la política presupuestaria en manos del Constitucional es un disparate, pero estamos en una época en que se comete todo tipo de barbaridades. Somos otra vez rehenes de Merkel y Sarkozy, que no se fían si no se impone ese techo en la Constitución. Tal parece un ataque de ansiedad de un mal estudiante que no ha hecho sus deberes y cree que tomando una pastilla le llegará la ciencia infusa».
l A Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, también le llama la atención que esa medida se tome en la recta final de la legislatura. «Una reforma de ese calado debería ser impulsada por un Gobierno diferente. En principio, es factible, sobre todo si cuenta con el consenso del PP, ya que se precisa la mayoría cualificada en las dos cámaras. Imponer ese techo de déficit mediante una reforma de la Constitución pretende solemnizar la medida, supone un blindaje más político que jurídico. Me choca el apresuramiento de esta iniciativa, que se haga casi al final del verano, aprovechando sesiones extraordinarias en el Parlamento, como si estuviera a punto de sonar la campana. En Alemania llevan más de 60 reformas constitucionales, pero aquí ésta sería la segunda en 33 años».
l El jurista Javier Junceda, doctor en Derecho Administrativo, se declara «escéptico» sobre la trascendencia práctica de esta reforma. «Esta medida no supone menoscabo para la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque no se puede tocar el título octavo de la Constitución. Habrá que ver el rango sancionador, el grado de coercitividad en caso de incumplimiento. Las normas tienen que tener dientes, de lo contrario no dejan de ser pías intenciones. El consenso de los dos grandes partidos en vísperas electorales me suena más bien a que se trata de un intento por tranquilizar a los mercados, pero los mercados no son tontos».
«La norma debe obligar a la Administración a ahorrar con el ciclo económico favorable»
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Investigador del CSIC
«Aplicar una medida similar a la alemana, de déficit cero, agravaría el ciclo económico»
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Profesor de la Universidad de Pennsilvania
«En las crisis es cuando hay que aumentar el gasto para reactivar la economía»
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Presidente del REAF
«Dejar el control del presupuesto en manos del Constitucional es un disparate»
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Catedrático de Derecho Constitucional
«La reforma de la Constitución persigue más un blindaje político que jurídico»
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Profesor de Derecho Constitucional
«Se hace para tranquilizar a los mercados, pero los mercados no son tontos»
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Experto en derecho administrativo
Oviedo, José Luis SALINAS
Los economistas consideran que poner techo al gasto puede tener unos efectos beneficiosos para la economía española si se hace de la forma adecuada. Es decir, que durante los años de época expansiva sirva para aumentar el ahorro de las administraciones. En lo que no hay acuerdo es en que la reforma deba realizarse mediante una reforma de la Constitución. También señalan que en plena época de crisis la medida puede tener efectos perjudiciales sobre el crecimiento económico, ya que, aseguran, es ahora cuando más se necesita invertir.
l Ángel de la Fuente. «La reforma de la Constitución tendrá un efecto de propaganda que gustará a Alemania y a los mercados, pero para la economía sus efectos dependerán de cómo se lleve a cabo». Así lo expresa el economista asturiano Ángel de la Fuente, analista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De la Fuente advierte que poner un techo al déficit puede no ser todo lo efectivo que se pretende. Una tesis que sostienen también varios de los economistas consultados. A juicio del investigador asturiano, sería efectivo que dentro de la nueva norma que pretende incluirse en la Constitución «se instaurasen medidas que obliguen al Estado a ahorrar cuando el ciclo económico va al alza y hay mucho dinero en el sistema». Ángel de la Fuente advierte también de que una reforma constitucional «no es tan sencilla, hay que poner a mucha gente de acuerdo para llevarla a cabo». Para el economista asturiano, que el techo de déficit vaya a incluirse en la Constitución española y no mediante una ley de menor rango responde sólo a que «así impone un mayor respeto». «Parece que de esta forma a uno le da más vergüenza saltársela», apunta De la Fuente.
l Jesús Fernández-Villaverde. El profesor de la Universidad de Pennsilvania, miembro de la Fundación Fedea, del grupo de «los cien» economistas y ganador del premio de la Fundación Banco Herrero, asegura, a través del «blog» de la citada fundación (llamado «Nada es gratis»), que «las reglas fiscales ayudan a solucionar el problema de incoherencia temporal de la política fiscal y aseguran la solvencia pública a medio y largo plazo. La idea de reformar la Constitución promete buenas cosas». «Sin embargo», señala, «hay reglas y reglas». A su juicio, «aplicar una medida similar a la que ya tiene Alemania, para conseguir un déficit casi cero al año, sería una locura, pues agravaría el ciclo económico». Según el economista, una regla sensata sería aquella «con la que se lograra un superávit suficiente para ir pagando la deuda pública y mantuviera suficiente pólvora seca para la siguiente recesión».
l Jesús Sanmartín. El economista asturiano, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), considera que la regla de gasto y, en general, los asuntos económicos no deben ser medidas que se eleven al nivel de la Constitución, «más cuando hay teorías económicas que recomiendan aumentar el gasto durante las épocas de crisis económica». Sanmartín duda también del efecto balsámico que la medida pueda tener sobre los mercados. «Lo que pretenden los mercados es que el crecimiento económico no se detenga, y de esta forma se limitará el gasto y evitará que se realicen nuevas inversiones en momentos en los que se necesitan», destaca Sanmartín.
