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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, revelaron ayer la existencia de un principio de acuerdo entre ambos para una reforma «inmediata» de la Constitución que impondrá al conjunto de la Administración (autonomías y ayuntamientos incluidos) límites de déficit y endeudamiento. España se convierte así en el primer país en seguir las instrucciones recién marcadas por la canciller alemana, Angela Merkel, y por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para reforzar la defensa del euro y apaciguar a los mercados financieros. El modelo de regla de déficit que se impulsará en España está por perfilar, pero su formulación genérica ha despertado ya los recelos del Gobierno de Cataluña, disensiones en las filas socialistas y dudas entre los expertos acerca del impacto en el crecimiento económico futuro.

Zapatero comparecía ayer en el Congreso para debatir la convalidación de las nuevas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes (reducción del gasto farmacéutico, rebaja del IVA al 4% hasta diciembre para la compra de vivienda y recaudación anticipada del impuesto de sociedades para las grandes empresas, entre otras políticas). La abstención, conocida de antemano, de los grupos nacionalistas garantizaba al PSOE la aprobación del ajuste, allanada después con la abstención crítica del PP.

Y el Presidente introdujo en su intervención una propuesta sorpresa: establecer cuanto antes en la Constitución «una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas». Zapatero planteó que tal reforma se aborde de manera «inmediata», antes de que las cámaras legislativas se disuelvan a finales de septiembre para la convocatoria electoral del 20 de noviembre. Esto es, la segunda reforma de la Carta Magna española en sus 33 años de historia (la única anterior data de 1992) debería concretarse en poco más de un mes. Y se plantea de ese modo aunque, según expuso el propio presidente, el nuevo techo constitucional de déficit está pensando con vistas al período 2018-2020.

Zapatero y Rajoy están de acuerdo en abordar la reforma ya, también a pesar de que el plazo marcado para el conjunto de la eurozona por Alemania y Francia llega hasta el verano de 2012.

El presidente español reveló ayer que había mantenido conversaciones previas con el líder del PP y con el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mariano Rajoy confirmó en su discurso la disposición del PP a reformar la Constitución y remarcó que hace ahora un año él mismo había propuesto un cambio constitucional que «recogiera los principios de estabilidad presupuestaria, algo parecido a lo que ya han hecho en Alemania». Entonces, y en el curso de otro debate parlamentario, Zapatero había desechado tal propuesta. Rubalcaba, entonces ministro, también había tratado de desautorizar la sugerencia de Rajoy, concordante con las posiciones de Merkel y, en general, con los criterios de la ortodoxia conservadora europea.

¿Qué implica establecer un techo de déficit y deuda en la norma fundamental del Estado? Se interpreta como un mensaje potente a los mercados financieros sobre el compromiso de disciplina presupuestaria, de seriedad en el gasto público y de garantía de solvencia. Una especie de seguro para los inversores que prestan dinero a la Administración. Los impactos económicos dependerán de cuál sea el diseño de la regla. Alemania se ha dotado de una norma que establece como techo de déficit anual el 0,35% del PIB para el Gobierno federal a partir de 2015 y lo prohíbe por completo para las regiones («lander») desde 2019. Esta regla es rígida, independiente del ciclo económico. Restringe por tanto la capacidad del Estado de intervenir con políticas de gasto para reanimar el crecimiento (medidas anticrisis de enfoque keynesiano) en situaciones de crisis y de merma de los ingresos.

En 2008, el Gobierno español modificó la ley de Estabilidad Presupuestaria para flexibilizar, adaptándola al ciclo económico, la obligación de estabilidad en las cuentas públicas («déficit cero»), instaurada en 2001 (ante la entrada en el euro) con José María Aznar en la Moncloa. Hace pocos meses, la ministra de Economía, Elena Salgado, opinaba, al igual que Zapatero, que no era necesaria una reforma constitucional para embridar el déficit público español.

El candidato del PSOE a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, era hasta anteayer reticente a la reforma constitucional que ha planteado el presidente del Gobierno. El aspirante socialista a la Moncloa reveló ayer que Rodríguez Zapatero le «convenció anoche» de la conveniencia de reformar la Carta Magna para incluir un tope de gasto y afirmó también que desistió en su resistencia ante el acuerdo alcanzado por Zapatero con Rajoy. Esto es, el Presidente llegó antes a un acuerdo con el líder de la oposición.

En una breve declaración en los pasillos del Congreso, Rubalcaba explicó que ha hablado «en diferentes ocasiones» con el jefe del Ejecutivo sobre la reforma de la Constitución y desveló que Zapatero le había «convencido» hacía sólo unas horas. «Pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos», ha explicado.

En ámbitos cercanos al PSOE se interpreta que la iniciativa de Zapatero de abordar en este momento la reforma de la Constitución para limitar el déficit da bazas electorales a Rajoy frente a Rubalcaba.