Oviedo / Madrid, Agencias

El PSOE y el PP ultimaban anoche un acuerdo para incluir en la Constitución una norma sobre el equilibrio de las finanzas públicas, pero será sin fijar un límite concreto de déficit. Este se determinará en una ley orgánica que se negocia de forma paralela. El pacto asume un criterio defendido por Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Moncloa. Ante el creciente malestar en las filas socialistas con la iniciativa anunciada el martes por el presidente Zapatero, Rubalcaba planteó que la Constitución incorpore una declaración de «principios», pero no números,. El PP se ha mostrado dispuesto a llegar a un entendimiento en esos términos. La proposición debe ser presentada hoy para que pueda debatirse y aprobarse en el plazo de un mes, antes de la disolución de las Cortes.

El anuncio del presidente Zapatero de promover una «reforma exprés» de la Constitución para incluir un límite del déficit y del endeudamiento que afectaría al conjunto de la administración (autonomías y ayuntamientos incluidas) ha producido severas tensiones internas en el PSOE. Numerosos dirigentes y diputados se han mostrado críticos con una medida que consideran de corte «neoliberal», que el PP había planteado sin éxito hace ya un año y que ahora acepta el Gobierno a raíz del último brote de la crisis de deuda soberana y de las indicaciones de Alemania y Francia. Se reforma la norma fundamental del Estado, ha reconocido la ministra Salgado, para «serenar» a los mercados.

Salgado había hablado anteayer de cifras, de ir a una regla de gasto semejante a la de Alemania, donde su Carta Magna especifica que el déficit público no podrá pasar del 0,35% del producto interior bruto (PIB) a partir de 2016 en situación económica normal. Horas después, el entorno de Rubalcaba anunciaba que el candidato tomaba el mando de las negociaciones por parte del PSOE. En contraste con la versión socialista, el PP aseguró ayer que las conversaciones las estaban llevando de manera directa Zapatero y Rajoy. Formalmente, en la mesa se sientan José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras la intervención de Rubalcaba, se ha pasado a negociar un reforma constitucional «sin cifras» para «que haya la suficiente flexibilidad que permita garantizar las políticas sociales y los servicios públicos», según la versión socialista. Esto es, la Carta Magna no establecería, al contrario que la alemana, ningún techo numérico de déficit o deuda, sino una obligación menos precisa sobre el equilibrio presupuestario. Una ley orgánica (más sencilla de reformar que la Constitución) desarrollará el mandato constitucional. Ahora, la orientación de las cuentas públicas la fija la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2001 con un criterio de «déficit cero» y reformada en 2006 con una formulación más laxa. Los números de la nueva ley se aproximarán al criterio alemán.

Los socialistas sostienen que, dejando las cifras fuera de la Constitución, se logra la «máxima flexibilidad» para que el Gobierno de turno, en situaciones puntuales de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para mantener las políticas sociales. El PSOE dice estar convencido además de que, aun sin números, la regla de déficit será un «mensaje claro» a los mercados de compromiso con la «austeridad y el rigor».

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó anoche que las conversaciones con el PSOE estaban pendientes sólo de unos flecos. «Estamos trabajando por un texto que garantice la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar y el mantenimiento de los derechos sociales, gracias a un principio de estabilidad presupuestaria», señaló Sáenz de Santamaría.

En principio, la fórmula de Rubalcaba ha sido acogida con agrado entre los dirigentes y parlamentarios socialistas que habían cuestionado la conveniencia de introducir constitucionalmente una regla de gasto.

La solución que planteó el PSOE ha sido también bien recibida por CiU, que quiere una norma de baja intensidad para dejar a salvo la autonomía financiera de la Generalitat. No obstante, anoche el diputado Durán i Lleida precisó que la formación nacionalista no firmará con PSOE y PP la iniciativa legislativa. CiU quiere que Cataluña pueda fijar su propio techo de déficit.