Las Palmas de Gran Canaria,

D. E. TORRES

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció el lunes su intención de rebajar diez puntos el impuesto de sociedades para las empresas que «se dediquen a reinvertir y crear empleo». El objetivo: reactivar la economía a través de la inversión y con ello propiciar el sostenimiento y la creación de empleo. Es decir, el líder del PP, en el caso de llegar al palacio de la Moncloa, aplicaría la fórmula establecida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que permite a las empresas radicadas en las Islas tributar sólo por el 10% de los beneficios si comprometen hasta el 90% de sus rendimientos anuales a inversión y dotar, pues, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

La intención del PP es reducir el tipo impositivo desde el 25% actual para las pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta el 15% a cambio de la creación de puestos de trabajo. Las grandes compañías, aquéllas cuya cifra de negocio supera los 10 millones de euros anuales, se mantendrían en el 30% de tributación del impuesto de sociedades.

La fórmula canaria propició el despegue económico de las Islas durante la segunda mitad de la pasada década y la primera parte de ésta. La dotación de la RIC alcanzó en 2006 los 2.300 millones de euros. Era dinero que no había pagado impuesto alguno y que se destinaba a reinversión. Esa cifra representa más del doble de los 1.019 millones que Bruselas ha dirigido entre 2007 y 2013 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para reducir los desequilibrios entre las regiones de la UE

«Habría que preguntar: ¿qué habría sido del Archipiélago de no disponer de este instrumento?», apuntaban desde la dirección de la Confederación Canaria de Empresarios. Su secretario general, José Cristóbal García, asegura que «desde luego», sin esa inyección vía RIC, «no existirían las nuevas urbanizaciones turísticas ni las empresas se hubieran recapitalizado de tal forma que les ha permitido afrontar la situación de crisis con una mayor fortaleza». La ley del REF que recoge el incentivo de la Reserva de Inversiones data de 1994, se modificó en 2007 y deberá revisarse en 2013.

Desde el PP se aseguraba ayer que tanto el objetivo -el empleo- como el mecanismo -fomento de la inversión- es el mismo en la promesa electoral que hace Rajoy que la de la RIC. La diferencia está en los condicionantes de una y otra medidas.

La norma canaria, por un lado, obliga a materializar la inversión en el plazo máximo de cuatro años desde que se dota la Reserva y, en segundo lugar, la limita a un estricto listado de opciones. Condición que, señalan en las filas del PP, está complicando su aplicación y que, unida a la reducción de los beneficios empresariales, ha ido reduciendo la dotación de la RIC hasta los 615 millones en 2010.

Por ello, en el PP se entiende que, para empezar, la propuesta de Rajoy «es más generosa». A la espera de que el candidato a presidente del Gobierno de España desgrane más detalladamente cómo se desarrollaría la reforma del impuesto, apuntan un primer beneficio: la inversión se extendería a todo el territorio nacional.

Pero, ¿se podría aplicar en las Islas una reducción de la que ya se benefician los empresarios canarios? Varios expertos fiscales lo ponen en duda.

La ex viceconsejera de Hacienda en el Gobierno de Canarias Rosa Rodríguez (PP) sostiene que la aplicación sería igual que en el resto del país. Es decir, el tipo impositivo se reduciría al 15% de los beneficios en toda España. En las Islas la aplicación sería del 15% de los beneficios que el empresario no haya comprometido en la RIC y que, de ser el 90%, quedaría reducido a un 1,5%. El resultado sería, señala, la disminución del volumen de impuestos a sufragar y «más liquidez en manos de los inversores».

Desde el punto de vista de los expertos, la aplicación de la reducción fiscal del PP en Canarias no parece tan sencilla. En Montero Aramburu y en Luján Asesores entienden que supondría aplicar a un mismo beneficio dos incentivos distintos, el que resulta del REF y el que estableciera Rajoy. Es decir, en tanto la RIC no se modifique existiría incompatibilidad, por lo que el empresario se vería obligado a optar por uno u otro beneficio en función de sus intereses. O bien, como segunda posibilidad, utilizar los dos si las condiciones que se establecieran en la norma nacional fueran distintas de la de la RIC.

Otra de las dudas que se ponen sobre la mesa es si las deducciones planteadas por el PP se aplicarían a priori, como en la RIC, o a posteriori, como en las deducciones que ya establece la ley del impuesto de sociedades.