Atenas / Lisboa / Oviedo,

Agencias / M. M.

El Gobierno griego reducirá un 20% las pensiones que superen los 1.200 euros al mes y un 40% las pagas a los antiguos trabajadores públicos que se jubilaron antes de los 55 años. También ampliará por lo menos hasta 2014 una nueva subida del impuesto inmobiliario, que estaba previsto que expirara en este ejercicio. Además, unos 30.000 trabajadores públicos pasarán este año a lo que denomina «la reserva laboral», lo que les supondrá una reducción del 60% en su salario. Por si fuera poco, tendrán un año de margen para encontrar un nuevo trabajo en el sector público o pasar al paro. Los dos sindicatos mayoritarios de Grecia han convocado dos días de huelga general, el 5 y el 19 de octubre.

El Ejecutivo heleno aprobó ayer las medidas de ajuste impuestas por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir los 8.000 millones de euros correspondientes al sexto tramo de la ayuda que necesita para evitar la quiebra del país. Es el resultado de dos días de negociaciones entre el Gobierno griego y la «troika», como se conoce a los delegados de los organismos internacionales encargados de revisar el cumplimiento de los recortes y de dar el visto bueno a la entrega del rescate pactado para el país.

La letra pequeña de los recortes especifica que los jubilados con menos de 55 años perderán un 40% del importe de sus pensiones y que se aplicará un impuesto a la propiedad inmobiliaria que gravará con entre 0,50 y 16 euros el metro cuadrado hasta el 1 de enero de 2014. También se aplicará una reforma fiscal que obligará a pagar impuestos a quienes tengan ingresos de más de 5.000 euros anuales, frente a los 8.000 que marcan ahora el mínimo para tributar.

El Ejecutivo socialdemócrata también anunció, tras una reunión de seis horas del Consejo de Ministros, un nuevo sistema de salarios «transparente, fiable y justo» en el sector público, que algunos analistas estiman que supondrá una nueva reducción de los salarios de otro 15%.

Otra de las decisiones acordadas fue impulsar las privatizaciones de empresas y organismos públicos, poner fin a situaciones de monopolio en algunos sectores, como los taxis, las farmacias, la abogacía o las notarías, y liberalizar el mercado laboral.

El portavoz del Gobierno, Ilias Mossialos, defendió las medidas porque, afirmó, que «envían el mensaje a los mercados y los aliados de que Grecia quiere y puede cumplir sus obligaciones y permanecer firmemente en lo más profundo del euro y la Unión Europea».

La situación de Grecia ha hecho saltar las alarmas en Portugal, que también tuvo que pedir una ayuda de 78.000 millones de euros a sus socios europeos y al FMI para evitar la quiebra. El primer ministro Pedro Passos Coelho advirtió de que la suspensión de pagos en Grecia tendría consecuencias desastrosas para Portugal. La primera fue que el Tesoro luso consiguió colocar ayer letras a seis meses, pero a un interés superior al 5% por primera vez desde el rescate. El acuerdo entre el Gobierno griego y la «troika» tranquilizó los ánimos, al menos momentáneamente, y el presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva, consideró al final del día que su país no necesitará un nuevo «acuerdo de austeridad» si cumple con las condicionales del actual.