Los bancos y cajas de ahorros españoles tenían hasta junio 176.000 millones de euros en créditos dudosos, de riesgo o «tóxicos» concedidos a constructores y promotores inmobiliarios, según el «Informe de estabilidad financiera» que ayer hizo público el Banco de España. La cifra supone un 52% de la exposición total al sector de la promoción inmobiliaria por parte de las entidades financieras, y el 11,4 % de su cartera crediticia. Pese a lo elevado de la cantidad, se ha reducido un 2,6% (4.800 millones) respecto a un año antes, cuando la exposición al riesgo inmobiliario alcanzaba los 180.800 millones.
El Banco de España, que encabeza Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asevera en su informe que la cobertura con provisiones de estos activos alcanzaba en junio el 33%, un volumen con el que quedarían más que cubiertas las pérdidas hipotéticas que se aplican en el escenario de referencia de las pruebas de resistencia europea llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
En este sentido, el Banco de España también aseguró que el volumen de saneamiento global del balance realizado por las entidades españolas desde que comenzó la reestructuración del sistema financiero y hasta junio de este año, asciende a 105.000 millones de euros, cerca del 10% del PIB.
El organismo supervisor advierte también en su documento de que la inestabilidad que persiste en los mercados financieros a cuenta de la crisis de deuda pública y la débil evolución de la economía, que se estancó en el tercer trimestre, llevan a una incertidumbre que podría derivar en incrementos «adicionales» de la morosidad. En junio la tasa se situaba en el 6,8%, pero en septiembre ya superaba el 7%.
El retroceso de los créditos también explicaría la subida del ratio de morosidad, ya que, según el Banco de España, esta tendencia se intensificó en los últimos meses y es «relativamente generalizada» entre las entidades financieras, tras caer un 2,8% en junio respecto al mismo período de 2010.
Según el organismo supervisor, la incertidumbre económica por un crecimiento estancado eleva los estándares de concesión de préstamos, lo que, sumado al cierre de los mercados de emisión de renta fija para el sistema financiero europeo, propicia una menor oferta del flujo del crédito. Mientras, el «difícil» contexto económico debilita además la demanda de los préstamos, redundando en la disminución de la evolución del crédito.
El último «Informe de estabilidad financiera» también recoge que los bancos Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popular deberán remitir al Banco de España antes de que acabe este año su plan de recapitalización para cubrir las exigencias derivadas de los acuerdos europeos del pasado mes de octubre.
Estas cinco entidades deben detallar dichos planes y acordarlos con el Banco de España, bajo la coordinación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Estos bancos ya han informado al organismo supervisor español el importe que se estima para cada una de ellas a partir de la estimación de 26.161 millones de capital adicional necesario para la banca española. Y también han asegurado que podrán satisfacer los requisitos sin necesidad de recurrir a la ayuda pública. Según la EBA, España es el segundo país con más necesidad de recapitalización, sólo por detrás de Grecia (30.000 millones).
