El Gobierno reduce el salario de Rato un 75% por las ayudas públicas concedidas a Bankia

Madrid / Oviedo, Efe / J. C.
Las entidades financieras que han sido rescatadas o que han recibido una inyección de recursos públicos (ya sea como capital o como préstamo) tendrán que aplicar un fuerte recorte a los salarios de sus presidentes y consejeros delegados para cumplir con la nueva normativa que fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros.

El asturiano Rodrigo Rato, presidente de Bankia, es uno de los afectados. Tendrá que reducirse el salario el 74,36%. Hasta ahora percibía 2,34 millones pero en el futuro, de acuerdo con la norma aprobada ayer por el Gobierno, no podrá cobrar más de 600.000 euros. Otro asturiano en la cúpula de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que percibe 790.000 euros, también tendrá que reducir sus emolumentos.

Esto es así porque el Estado, aunque no ha tomado participación accionarial en Bankia (a través del llamado FROB II), sí ha otorgado un crédito convertible en acciones (el llamado FROB I) que Bankia debe devolver en cinco años y por el que abona al Estado un interés del 7,8%.

Esta limitación no afectará por el contrario a aquellos bancos y entidades que -caso de Liberbank, dominado por Cajastur, y de Banco Sabadell, que en Asturias opera con la marca asturiana Banco Herrero- no cuentan con recursos públicos. Ambos grupos se anexionaron bancos en dificultades (Cajastur se hizo con CCM, ahora filial de Liberbank, y Sabadell acaba de incorporar a su grupo CAM), pero las ayudas millonarias recibidas en los dos casos no proceden de recursos públicos sino del Fondo de Garantía de Depósitos, que está financiado con recursos privados por los bancos, cajas de ahorros y cajas rurales del conjunto del sistema financiero.

El decreto ley de saneamiento del sector financiero, que pretende originar una nuevo vuelco en el sector, propiciando un nuevo movimiento de fusiones, endurece las provisiones exigidas a las entidades por los riesgos contraídos con los activos inmobiliarios, pero ayer el Gobierno desveló dos novedades más de la reforma: los límites a los salarios de la banca con ayudas públicas y la reducción de órganos de gobierno en las cajas.

Las entidades que han sido recapitalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como Unnim, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año. Y sus consejeros no podrán cobrar por encima de 50.000 euros. Se trata de las entidades que han sido nacionalizadas (y que están pendientes de reprivatizar), una vez que el llamado FROB II inyectó capital en ellas a cambio de la mayoría de las acciones. Los directivos de estas entidades no podrán percibir tampoco incentivos y remuneraciones variables («bonus»).

Las entidades que han recibido préstamos del Estado (el llamado FROB I), como son BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum (BMN), Banca Cívica, y Caja España-Duero (esta última, pendiente ahora de su integración con la malagueña Unicaja) no podrán abonar a sus máximos ejecutivos más de 600.000 euros anuales y sus consejeros no podrán superar los 100.000 euros. Para los directivos de estas entidades los «bonus» se congelarán durante tres años y sólo se autorizarán si los resultados en ese periodo lo justifican.

El Gobierno prevé que las cajas reduzcan sus órganos a sólo la asamblea y el consejo de administración, por lo que la comisión de control se mantendrá sólo de forma excepcional. Para no verse obligadas a convertirse en fundaciones las cajas ya no precisarán controlar al menos el 50% del capital de los bancos en los que participen. Les bastará con tener el al menos el 25% a condición de que no pierdan el control de sus bancos participados.