Valencia, Miguel A. SÁNCHEZ

Las polémicas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, captadas por los micrófonos en Bruselas -«la reforma me va a costar una huelga general»- descubrían algo que ya se intuía: la próxima reforma laboral va a ser dura. El intento de quitar hierro a la frase no tuvo efectos balsámicos, puesto que a los llamamientos al consenso de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se añadía un «pero el Gobierno hará lo que tenga que hacer»

Una vez aprobada la reforma financiera el viernes pasado, toca el turno de la laboral. Una norma que verá la luz después de un nuevo pacto de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO, en el que se llegó a acuerdos sobre los criterios salariales (subida del 0,5% para 2012) y la flexibilidad en la jornada, la aplicación de los convenios o la movilidad funcional para evitar despidos durante la crisis.

En el acto de la firma del citado acuerdo, el 25 de enero, tanto Joan Rosell como Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez lanzaron un mensaje que por lo visto hasta el momento ha caído en saco roto. Los tres líderes sociales reivindicaron los pequeños acuerdos pactados frente a las grandes actuaciones impuestas, en clara alusión a una nueva reforma laboral sin consenso.

Sin embargo, los días han transcurrido y el peso de la nueva reforma ha quedado en manos de la ministra de Empleo. Los cambios probablemente se conocerán en el próximo Consejo de Ministros, pero las líneas maestras del cambio ya se han dibujado diecisiete meses después de la reforma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma que fracasó en sus metas capitales: impulsar la creación de trabajo y favorecer la estabilidad del empleo.

l Los contratos. En el proyecto que ultima el gabinete de Rajoy no habrá un contrato único, como piden desde organizaciones como la Fundación de Estudios Económicos (Fedea), pero sí se va a tratar de reducir al mínimo posible los modelos de contratación. Con esta modificación, además, se intentará conseguir una reducción del peso de la temporalidad en las relaciones laborales, que constituye el 26% del total y supone un lastre para el relanzamiento económico por la precariedad e inestabilidad que aporta, según el criterio de los expertos.

l Pequeñas empresas. Una de las posibles novedades de la reforma implica cambios para facilitar la contratación en las empresas con menos de diez empleados, al estilo de lo que ya existe en Italia, donde esas pymes cuentan con un marco legal diferenciado. En este caso, al margen de facilitar el descuelgue de los convenios sectoriales, cuya puerta ya se ha abierto en el reciente pacto firmado por la patronal y los sindicatos, se establecerían unas condiciones particulares de contratación o despidos.

l El despido objetivo. La regulación del despido vuelve a estar sobre la mesa. Según algunas fuentes, el Ministerio de Empleo está decidido a revisar la legislación para cerrar cualquier ventana a las interpretaciones divergentes de la ley en el caso de los despidos procedentes, que tienen una indemnización de 20 días por año trabajado, tanto para evitar costes excesivos a las empresas como para conseguir una resolución judicial rápida en caso de llegarse hasta esta vía.

En la actualidad, si se trata de un despido disciplinario y el empresario acredita suficientes pruebas ante el juez, conlleva la extinción del contrato sin ningún tipo de indemnización. En el caso de que sea procedente por «causas objetivas», la indemnización es de 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Estas causas objetivas -ineptitud del trabajador, falta de adaptación a las modificaciones laborales, absentismo laboral o necesidad de amortizar puestos de trabajo por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción- son las que, al parecer, pretende concretar y determinar con más claridad el Gobierno.

l La indemnización. El Gobierno quiere también entrar en la cuantía de la indemnización por despido improcedente, ahora de dos tipos: 45 días de salario por año trabajado con un límite de 42 mensualidades (contratos indefinidos ordinarios) o 33 días con un límite de 24 mensualidades (contratos de fomento del empleo indefinido, creados específicamente para incentivar el trabajo estable). Presumiblemente, la idea del Gobierno es generalizar los 33 días por año trabajado. Lo que aún no está claro es de qué forma hacerlo. Una de las posibilidades es respetar los contratos firmados con despido de 45 días por año hasta que terminen de desaparecer del mercado mediante jubilaciones o despidos; es decir, sin retroactividad, algo que reclamaban con insistencia los sindicatos. Otra posibilidad que se ha planteado es que se haga una especie de compensación o prorrateo entre los 45 y los 33 días para los que tienen en vigor los contratos indefinidos anteriores a la nueva reforma.

En todo caso, las cifras que baraja para los despidos el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentran muy alejadas de las pretensiones expresadas por la patronal española. La aspiración de la CEOE era dejar los despidos procedentes u objetivos en 12 días de salario por año trabajado y los improcedentes en 20 días, con un tope de doce mensualidades.

l El modelo austriaco. Uno de los aspectos menos claros de la reforma es el de la instauración del denominado «modelo austriaco», que ya barajó en su día el Gobierno socialista. Viene a suponer que cada trabajador, mediante la cotización de las empresas, acumula una cuenta personal («mochila») que se puede utilizar como indemnización en caso de despido o que, si no se gasta durante la vida laboral, se convierte en un complemento a la pensión. El problema es que con la actual situación económica de recesión y destrucción de empleo no parece conveniente cargar aún más la cotización de las empresas.

l Los jóvenes. La reforma laboral intentará buscar salidas para contener las terribles tasas de paro juvenil, superiores ya al 50% en buena parte de España. El Gobierno busca fórmulas alternativas a los «minijobs» alemanes -trabajos con horarios reducidos y bajo salario- por su dificultad de encaje en la legislación española. La ministra Fátima Báñez se decanta por otro antecedente alemán, la formación dual, un sistema que permite compaginar la cualificación y el trabajo de los jóvenes en las empresas.