Oviedo, J. CUARTAS
Cinco de los seis mayores grupos financieros españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, éste dueño de la marca asturiana Banco Herrero, y Popular) informaron ayer que precisarán provisionar 18.217 millones para cumplir con los nuevos requerimientos regulatorios aprobados el viernes por el Gobierno. Esto supone el 36,4% de los 50.000 millones previstos para el conjunto del sistema financiero.
Las cifras desveladas ayer por cada entidad (4.300 millones el Santander; 4.471 millones, Caixabank; 4.000 millones, el BBVA; 2.600 millones, el Popular, y 2.396 millones, el Sabadell) son, salvo en el Popular, algo superiores a las que había previsto el Santander en un estudio que divulgó la semana pasada.
El cuarto mayor grupo financiero del país (BFA-Bankia), presidido por el asturiano Rodrigo Rato, y que es uno de los más expuestos al riesgo inmobiliario que se trata de conjurar con esta reforma, no hizo públicas ayer estimaciones propias, aunque el Santander le atribuyó una necesidad de 13.183 millones, con lo que debería acometer el 26,36% del conjunto de las provisiones que el Ejecutivo exige a todo el sector.
Bankinter declaró a la CNMV una necesidad de 146 millones.
Las cifras hechas públicas por las entidades no suponen necesariamente el importe real de las provisiones nuevas. Éstas pueden ser menores -y de hecho lo serán en algunos casos- cuando las entidades dispongan de excesos de dotaciones y provisiones realizadas con anterioridad y que ahora podrán destinar a la nueva exigencia legal.
Liberbank, el banco dominado por Cajastur, aún no había concluido ayer sus cálculos. Algunas fuentes habían estimado en un primer momento unas exigencias de provisiones para Liberbank de entre 300 y algo más de 400 millones. El Santander le atribuyó una necesidad superior: 646 millones, aunque esta cifra le situaría como la quinta entidad que menor provisión tendrá que hacer para ajustarse al decreto, sólo superior a las de Unicaja, Bankinter, Caixa Ontiyent y Caixa Pollença.
Lo que sí es seguro es que Liberbank tendrá que acometer sus nuevas provisiones en un solo año y contra sus resultados, salvo que acometa de inmediato una nueva fusión. A las entidades que emprendan nuevas fusiones o que las hubieran hecho en los últimos cinco meses (desde septiembre) el Gobierno les permitirá realizarlas nuevas provisiones en dos años (y no en uno) y no sólo a costa de resultados, sino que podrán repercutirlas también sobre su patrimonio. Aunque Liberbank culminó su fusión el 1 de septiembre, la redacción del decreto excluye que esta integración pueda acogerse al plazo de dos años.
Rato dijo anteayer que Bankia competirá para quedarse con la nacionalizada Unnim. El ministro de Economía, Luis de Guindos, alertó de que el Gobierno sólo autorizará fusiones que sean viables y no uniones instrumentales para gozar de plazos más cómodos.
