Hacienda pone la lupa sobre los artistas, los deportistas y las importaciones chinas

Hacienda pondrá este año especial énfasis en la persecución del fraude fiscal entre los colectivos profesionales, deportistas de élite y artistas. También estarán bajo la lupa las importaciones procedentes de Asia (básicamente de China) y sus canales de comercialización. Sólo entre los tres primeros colectivos, la Agencia Tributaria tiene previsto realizar durante este año 1.436 actuaciones inspectoras para investigar posibles abusos, un 14% más que en el año pasado. El objetivo de estas medidas, incluidas en las directrices del plan anual de control tributario y aduanero de 2012, es el de recaudar 8.171 millones de euros durante este año, un 8% más en relación con el pasado año.

Hacienda asegura que en el marco de este plan se hará «especial hincapié» en las conductas fraudulentas que generan «alarma social». En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los «entramados» societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas «para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares».

Otra de las prioridades, señala la Agencia Tributaria, será la desarticulación de «circuitos de economía sumergida», que tendrán como objeto central el control de las importaciones y ventas de mercancías procedentes de terceros países, especialmente de Asia, así como el descubrimiento de arrendamientos no declarados de viviendas y locales de negocio.

Según una resolución de la Agencia Tributaria publicada ayer en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), los inspectores «pondrán el máximo empeño» en hacer aflorar rentas ocultas en paraísos fiscales. Dentro de la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales será prioritaria la persecución del contrabando de cigarrillos, que, según Hacienda, experimenta actualmente un «importante incremento», debido, entre otros factores, a la crisis económica.

La Agencia Tributaria se propone aprovechar «al máximo» las posibilidades legales del embargo preventivo de bienes y derechos y las de aplicación de medidas de aseguramiento del pago de las responsabilidades derivadas del delito fiscal, «llegando incluso a solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes».