Madrid / Oviedo,

Agencias / J. L. S.

El ex presidente de la patronal española CEOE y antiguo director del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, culpó ayer, durante su declaración ante la Audiencia Nacional, a su socio en la compañía turística, Gonzalo Pascual, de las decisiones financieras que se tomaron en la empresa. Díaz Ferrán declaró como imputado por un supuesto delito continuado de apropiación indebida de 4,43 millones procedentes de los clientes del grupo turístico por los viajes y servicios contratados. Un informe de la fiscalía aseguraba también que dos semanas antes de que se declarara en suspensión de pagos Ferrán y Pascual se habían dado de alta como trabajadores de Viajes Marsans y se habían asignado un salario neto mensual de 20.555 euros que cobraron durante los meses de abril y mayo de forma completa.

Durante su declaración, Ferrán aseguró que ese dinero nunca fue a parar a sus cuentas. De hecho, la abogada del antiguo director general de viajes Marsans, Iván Losada, la ovetense Amparo Zapico, aseguró que ese dinero fue directamente para pagar a uno de los acreedores de la compañía de viajes.

La letrada asturiana, que desde hace dos años lleva la defensa de Losada (uno de los socios de Ferrán y Pascual y actual director de Nueva Rumasa), asegura que va a pedir que se archive el caso de su cliente, ya que, señaló, hay «pruebas que muestran su inocencia». Según explicó Amparo Zapico, durante el proceso judicial se ha demostrado que la acusación de la fiscalía de que Iván Losada se había apropiado de forma indebida del dinero de los clientes de Marsans «carece de fundamento».

La abogada asturiana, que desde hace dos años regenta un bufete en Madrid (Capital Abogados), asegura que el resto de las defensas también va a pedir el sobreseimiento del caso. Esta causa fue abierta el pasado 3 de febrero, cuando el juez Santiago Pedraz decidió admitir a trámite la querella presentada por la fiscalía contra el ex presidente de la CEOE y sus socios. El magistrado concluyó que la Audiencia Nacional es competente en el caso, porque «se trata de un delito de defraudación que afecta a una pluralidad de perjudicados en el territorio de más de una audiencia». Pedraz señaló que la defraudación presuntamente cometida por Díaz Ferrán y sus socios habría afectado «al menos a 4.706 perjudicados». Amparo Zapico aseguró: «Iván Losada no tuvo nada que ver, no hay posibilidades de acusarlo de nada».

En la sesión que se celebró ayer, el ex presidente de la CEOE, que evitó hacer declaraciones a su salida de la Audiencia Nacional, declaró ante el juez que él carecía de funciones ejecutivas en el grupo Marsans y no tomaba decisiones financieras, labor que correspondía a su socio Gonzalo Pascual. Díaz Ferrán aseguró que él sólo era responsable del área de transporte terrestre y que no participaba en la gestión del «día a día».

Díaz Ferrán achacó los problemas del grupo Marsans a la «situación financiera internacional» y a las reclamaciones por parte de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) de la deuda de 24 millones de euros contraída con ella. El 20 de abril de 2010 la IATA les retiró la licencia para vender billetes de avión. El ex director general del grupo Marsans también justificó los problemas financieros de la empresa turística por el embargo de los aviones de Air Comet dictado en diciembre de 2009 por un juez de Londres por impago del alquiler. Esta decisión judicial provocó el cierre de la compañía aérea en los días previos a las Navidades de 2009, que se saldó con numerosos afectados.

Según explicaron fuentes jurídicas, la fiscalía considera que desde noviembre de 2009 Viajes Marsans ya conocía sus problemas financieros y así quedó reflejado en el informe realizado por PwC, que evitó «expresar su opinión» respecto a los resultados auditados. El fiscal mantiene que Pascual y Díaz Ferrán, en colaboración con Possibilitum, propiedad del empresario experto en quiebras Ángel de Cabo, sacaron dinero del grupo turístico, a través de la sociedad Teinver.

Las diligencias de investigación continuarán hoy con la declaración como testigos del antiguo subdirector general corporativo de Marsans, Vicente Muñoz Pérez, y la antigua responsable de auditoría interna de la empresa, Rosario Gil López.