Los sindicatos avisan: «Se parará el país»

«Si el Gobierno no negocia, paralizaremos el país». Ésta fue la advertencia que lanzaron los sindicatos asturianos al ejecutivo de Mariano Rajoy al término de la numerosa concentración de manifestantes que ayer recorrió las calles de Gijón contra la reforma laboral del PP.

Fue la tercera protesta multitudinaria que se celebra en Asturias contra la nueva regulación del mercado laboral impulsada por el Ejecutivo, pero la primera desde que las organizaciones sindicales formalizaron el viernes la convocatoria de una huelga general en España para el día 29 si Rajoy no accede a dialogar.

Y fueron precisamente los llamamientos a la huelga general por los líderes sindicales Justo Rodríguez Braga (UGT), Antonio Pino (CC OO) y Francisco Baragaño (USO) en el paseo de Begoña los que suscitaron las ovaciones de los congregados, que cubrían la explanada. El ambiente entre los participantes fue proclive a la huelga general desde el arranque de la marcha en la plaza de toros de El Bibio.

La del día 29 será una «respuesta democrática, pacífica, serena y solidaria, pero enérgica y contundente», según Braga y Pino, contra la «agresión del Gobierno del PP», concebida como «el mayor ataque contra los trabajadores en la historia democrática» y «un intento de partir el espinazo a los sindicatos», a juicio de Braga, porque las organizaciones sindicales constituyen, señaló Baragaño, «la última trinchera» a la que «el capitalismo tóxico, salvaje y especulativo» trata ahora de desactivar. «Vienen a por todas», alertó el dirigente de USO. «Los trabajadores podemos perder esta batalla, pero como seremos derrotados con seguridad es no haciéndoles frente», sostuvo. «Todo lo que no defendamos pacíficamente en la calle nos lo arrebatarán y en ese caso de nada valdrá quejarse luego en el chigre», avisó Antonio Pino.

Según los sindicatos, la reforma laboral del PP «abarata y facilita aún más el despido», «rompe el modelo de diálogo social vigente desde la Transición y apuesta por la confrontación», «quiebra el equilibrio dentro de las empresas en beneficio de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores convertidos en mera mercancía», «sustituye la negociación colectiva por una negociación individualizada y empresa por empresa» y «va contra los empleados laborales de la Administración, que suponen el 60% de la plantilla, como primer paso para lanzarse al ataque de los servicios públicos y acabar con la sanidad y la educación porque para ellos todo es negocio», sostuvo Braga.

Pino denunció que «la reforma laboral aumentará el paro», «facilitará la sustitución de empleados veteranos por trabajadores jóvenes, más indefensos, con menos salario y menos derechos» y «dificultará la estabilidad laboral de las mujeres porque son las que más utilizan los contratos a tiempo parcial».

Para Baragaño esta reforma, como «las numerosas habidas desde los Pactos de la Moncloa, siempre se escudan de forma hipócrita en el fomento del empleo» para suprimir conquistas sociales y promover «la competitividad por la vía de la reducción de los salarios, la precariedad laboral y la pérdida de derechos» al servicio de «un capitalismo especulativo y salvaje». «Vienen a dar el tiro de gracia para intentar liquidar más de un siglo de Derecho Laboral -que fue posible por las conquistas logradas por el movimiento obrero- y volver a la época siniestra de la explotación y la sumisión, en la que las empresas vuelvan a ser territorios feudales y los empresarios, dueños de vidas y haciendas», arengó.

«No podemos permitir esta liquidación de derechos y este atentado contra el Estado del bienestar», sostuvo Baragaño. «La búsqueda de la competitividad por la vía de los bajos salarios, el despido barato y la precariedad traerá más paro y más recesión».

Los sindicatos arremetieron contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por haber asegurado en Avilés que el Gobierno, antes de promulgar el decreto, se reunió 32 veces con los agentes sociales. «Es una flagrante mentira porque no se reunieron ni una vez con los sindicatos. Es una reforma impuesta. Utilizan el cinismo, la desvergüenza y la mentira», sostuvo Braga. Pero también atacaron Pino y Braga a Francisco Álvarez-Cascos por doble lenguaje: «En Asturias dice que defiende en diálogo social y en el Congreso vota con el PP a favor de una reforma impuesta. Son los mismos perros con distintos collares». UGT y CC OO también criticaron a las patronales CEOE y la asturiana FADE. A la primera, por alentar una reforma dura; a la segunda, por juzgar inconveniente una huelga. Pero el principal aviso fue para el PP: «Tendrán mayoría absoluta, pero la calle se manifestará masivamente», dijo Braga.