Madrid / Oviedo,
Agencias / J. C.
Los pagos en metálico a empresas o profesionales no podrán superar los 2.500 euros, según la medida anunciada ayer por el Gobierno para combatir las bolsas de fraude, la economía sumergida y el «dinero negro». El incumplimiento de esta norma supondrá multas del 25% de la cuantía del pago. Con esta medida se pretende impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas.
El plan de lucha contra el fraude que aprobará este viernes el Consejo de Ministros prevé recaudar con ésta y otras medidas hasta 8.171 millones de euros en 2012. Esta cantidad es un 11,3% inferior a los 9.209,77 millones que se recaudaron en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones, dijo el Gobierno.
La limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en los pagos a empresas y profesionales sigue los pasos de Francia (que los limitó a 3.000 euros) y de Italia, que sólo permite abonar con dinero físico transacciones de este tipo por un volumen máximo de 1.000 euros. Al forzar que los pagos se hagan mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria u otra modalidad que deje registro de la operación se trata de obstaculizar la generación de rentas, ingresos y beneficios ocultos a Hacienda. Se trata con ello de luchar contra el fraude, pero también contra el déficit público.
España es el segundo país de Europa, después de Grecia, con mayor economía sumergida (actividades mercantiles, profesionales y laborales no declaradas a la Agencia Tributaria). Aunque es difícil precisarlo, dado que se trata de actividades opacas, todos los estudios disponibles coinciden en asegurar que el volumen de negocios y de rentas que no tributan equivale en España al 20 o 25% del producto interior bruto (PIB).
El anuncio de Rajoy se produjo ayer en el Congreso mientras era interrogado por el coordinador de IU, Cayo Lara, que le afeó la reciente amnistía fiscal aprobada, con la que el Gobierno pretende aflorar recursos a cambio de un impuesto del 10%. Además, el PSOE le ha venido reprochando al Ejecutivo que haya sustituido a la cúpula de la inspección fiscal contra el fraude que había obtenido grandes resultados en los últimos ejercicios.
Según especialistas en materia fiscal, la norma no supondrá una obtención importante de ingresos adicionales ni reducirá en exceso la economía sumergida. Así, los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sostienen que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta, porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales. El colectivo explica que la medida puede ser «poco eficaz» para terminar con las bolsas de fraude, que habitualmente utilizan billetes de 500 euros, el instrumento «idóneo» para saldar operaciones al margen del Fisco. El límite de 2.500 euros lo considera excesivo y cree más acertado el modelo italiano, que lo limita a 1.000 euros. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sí ve razonables los 2.500 euros, pero coincide en que esta decisión no implicará una recaudación «inmensa y fácil» de millones.
Algunos analistas opinaron que persiste el riesgo de que se troceen la facturas para eludir la norma parcializando el montante total de la operación con sucesivos pagos equivalentes por menor cuantía.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó que haya «amnistía fiscal», sino un proceso de «regularización de activos ocultos» para aflorar rentas opacas como opción, afirmó, frente a los ajustes sociales o a la subida del IVA, para aumentar los ingresos del Estado y mantener los servicios públicos. La regularización, dijo, permitirá «recaudar en un momento en que la recaudación ha caído en España».
«No hay una amnistía fiscal, sino una regularización de activos ocultos para no tener que subir el IVA» «Podremos ingresar pese a que la recaudación ha caído y evitar así que haya que hacer ajustes sociales»
CRISTÓBAL MONTORO
Ministro de Hacienda
