Buenos Aires / Madrid

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó ayer la intervención inmediata de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, y activó el proceso legal para expropiar el 51% del capital. Argentina desoye así las advertencias que había formulado desde España el Gobierno de Mariano Rajoy, al que el anuncio de Buenos Aires cogió por sorpresa después de haber transmitido durante el fin de semana que el conflicto hispano-argentino sobre YPF estaba «encauzado». El Ejecutivo calificó anoche como «arbitraria» y «hostil» la posición del país latinoamericano y afirmó que en los próximos días responderá con medidas que evitó precisar.

Recién llegada de la Cumbre de las Américas -donde fracasó en su pretensión de conseguir una declaración de apoyo a la soberanía argentina de Las Malvinas-, Cristina Fernández compareció en la Casa Rosada y proclamó por sorpresa la intervención de YPF. La viuda de Néstor Kirchner lo hizo con una imagen de Eva Perón al fondo y ante un auditorio formado por ministros, gobernadores y empresarios afines, que vitorearon el anuncio.

La maniobra del Gobierno argentino implica, en primer lugar, la inmediata intervención de YPF y la tramitación de una ley que declara la utilidad pública de los hidrocarburos y determina la expropiación de la mayor parte del capital en manos de Repsol. La petrolera española posee ahora el 57,43% de YPF y los poderes públicos se quedarán con el 51% del capital por un precio que será fijado por un tribunal de tasación. Todas las acciones expropiadas saldrán de las pertenecientes a Repsol. Se respetará en cambio la participación que tiene el grupo privado argentino de la familia Eskenazi y las posiciones de los demás accionistas minoritarios. Aunque Cristina Fernández insistió en negar que se trate de una «estatización», el proceso en marcha supone de hecho la nacionalización del control de YPF. El Estado argentino compartirá la futura participación pública con las provincias donde están situadas las explotaciones del grupo.

Aunque la declaración de utilidad pública de los hidrocarburos es genérica, la ley está diseñada para arrebatar YPF a Repsol, sin efecto alguno más sobre las otras multinacionales que operan en el negocio argentino del petróleo. La presidenta justificó la acción contra la petrolera española por su «política de vaciamiento». «De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable», dijo. Su Gobierno reprocha a Repsol falta de inversiones. El país ha tenido que importar crudo últimamente, a pesar de su condición de productor cualificado.

En un tono populista, Cristina Fernández evocó la figura de su esposo y antecesor en el cargo para justificar su decisión. «A él le habría gustado una YPF pública», ha dicho Fernández con lágrimas en los ojos, pero omitiendo que el matrimonio Kirchner apoyó en su día la privatización de la petrolera.

Consciente de que el anuncio ha caído como un mazazo, Fernández intentó tranquilizar a los inversores extranjeros: «Tengamos en claro que las empresa que están aquí son empresas argentinas, aun cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en las rentabilidad de algunas de origen español».