España es el primer inversor extranjero en Argentina y decenas de empresas de variopintos sectores -energía, banca, servicios, obras públicas, comunicación, nuevas tecnologías...- tienen enormes intereses en el país. Ello da cuenta de la envergadura del choque económico entre ambos países y, también, de la complejidad de la acción diplomática en un terreno así. El Gobierno español trató ayer de transmitir una imagen de contundencia. «Ésta es una decisión arbitraria que rompe el clima de amistad y cordialidad entre ambos países», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El jefe de la diplomacia española compareció al filo de las diez de la noche de ayer junto al ministro de Industria, José Manuel Soria, y después de una reunión de urgencia que el presidente Rajoy mantuvo con ambos en la Moncloa. El Gobierno habló de «hostilidad» contra España y de que en los próximos días tomará medidas «claras y contundentes» en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior.
Pese a entender que Argentina ha roto las reglas del diálogo, Soria dijo confiar en que este «clarísimo gesto de hostilidad» no sea «el principio de una escalada que sólo contribuiría a agravar más una situación ya de por sí grave». El Gobierno español ha subrayado que se dañan los intereses «de miles de accionistas» de Repsol. Los títulos de la petrolera española han caído más de un 20% desde enero, cuando empezaron a arreciar las tensiones por YPF, y los analistas auguran una alta volatilidad en la cotización durante las próximas semanas.
El ministro Soria subrayó que la decisión del Gobierno argentino vulnera un «acuerdo verbal» al que había llegado el propio titular de Industria el 28 de febrero pasado con dos miembros del gabinete de Cristina Fernández. Según esta versión, el acuerdo que se alcanzó entonces suponía un compromiso para resolver mediante el diálogo entre los dos países los contenciosos que pudieran producirse en relación a YPF y a Repsol. Fue uno entre varios intentos fallidos de las instituciones españolas para pacificar las tensiones entre la Administración argentina y la petrolera española. El Rey Juan Carlos también llegó a mediar ante Fernández de Kirchner.
El Gobierno español ha buscado ya el apoyo de sus aliados de la UE. La Comisión Europea ha advertido que la expropiación enviaría una señal «muy negativa» a los inversores, porque dañaría el clima de negocio en el país, y ha abogado por encontrar una «solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y las relaciones entre la Unión Europea y Argentina».
La dirección de Repsol señaló que la nacionalización de YPF es «manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria» y que la empresa llevará a cabo todas las medidas legales que procedan. Aunque el proceso ya está en marcha, ayer mismo un enviado del Gobierno expulsó a los directivos españoles de la sede de YPF; los conminó a «hacer sus cajas» y a salir a la calle.
