Oviedo, J. L. S. / Agencias
Los expertos dudan de que pueda tener éxito la medida que acaba de impulsar el Gobierno para que las familias de muy bajo perfil económico y que están en el «umbral de la exclusión social» puedan saldar la totalidad de la deuda hipotecaria con su entidad sólo con entregarle la propiedad de su vivienda. Aunque la consideran positiva, dudan de que los bancos y las cajas la aprovechen.
En cambio, la delegación en Asturias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca calificó el anuncio de «tomadura de pelo». Miguel Ángel García, miembro de la asociación en la región, asegura que la medida «ya se encuentra incluida en el ordenamiento jurídico. Ahora lo único que se va a hacer es incentivar a las entidades financieras».
En cambio, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y experto en el sector inmobiliario José García Montalvo asegura que «es muy complicado que las entidades acepten estas daciones voluntarias», a no ser, apunta, que las bonificaciones que apruebe el Gobierno para compensar al sector «sean especialmente cuantiosas». Montalvo asegura también que el Ejecutivo socialista ya aprobó en 2009 una medida para ayudar a los desempleados a pagar sus hipotecas, pero «fue un fracaso». «No se llegó ni al 1 por ciento de la cifra de beneficiarios que se pretendía alcanzar», apunta el economista. «Por eso ahora es muy complicado poder predecir el efecto que puede tener esta nueva medida, que en principio debería ser positiva».
Por su parte, Santiago Álvarez, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, señala que la nueva medida pretende solucionar unos problemas que se arrastran desde hace años. «Durante los años de bonanza económica las entidades financieras tenían un exceso de liquidez que trataron de colocar con la concesión de créditos demasiado amplios, y en esto tiene una amplia responsabilidad el regulador financiero». Según señala Álvarez, «la medida es positiva para dar un salvavidas a aquellas personas que están en una situación crítica; lo que no puede hacer ahora el Gobierno es enmendar los contratos hipotecarios, ya que no pueden tomar medidas retroactivas en este sentido».
Diversas entidades propusieron ayer al Gobierno que involucre al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en las medidas anunciadas por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para evitar los desahucios o mitigar sus efectos sociales, según informaron en fuentes financieras. «Pedimos al Gobierno que se eliminen obstáculos para la implantación de las medidas», indicaron, tras apuntar que este organismo público podría desempeñar el papel de avalista y contribuir a evitar tanto los embargos de vivienda como a suavizar sus efectos una vez que estos ya se han producido. El PP señaló que la dación en pago es una cuestión de «justicia social».
