Oviedo, Javier CUARTAS

La decisión de segregar de los balances bancarios los activos problemáticos -fundamentalmente de naturaleza inmobiliaria- supone el reconocimiento de que el grave lastre que atenaza al sector financiero nacional no se resolverá ni con los dos procesos sucesivos de saneamiento en marcha, con recapitalizaciones cuantiosas y dotación de provisiones por 114.000 millones, de los que 54.000 están aún en fase incipiente de ejecución.

Para la limpieza definitiva de los bancos y que éstos puedan reactivar el crédito se está diseñando una operación similar a la que ya se hizo en otros países con la creación de los «bancos malos». En España se descarta que sea un banco la figura jurídica y se sopesa crear una o varias sociedades anónimas no financieras, a las cuales los bancos trasladarían sus activos tóxicos: pisos y suelo ejecutados por impagos de créditos.

Al liberar a los bancos de estos lastres, el efecto inmediato es el de una recapitalización súbita y un refuerzo portentoso de los recursos propios sin que para ello se precise captar más recursos. La solvencia se mide como una división entre el capital principal de las entidades y los activos ponderados por riesgo. Si este divisor se reduce, y aún más si se baja a cero (que es lo que ocurriría si se sacan del balance todos los riesgos), el cociente se dispara favorablemente. Y de este modo los bancos infracapitalizados pasan a estar suprarreforzados, y además se encontrarán con un sobrante de provisiones que podrán destinar a reanudar su negocio prestamista, que ahora está en tasas ínfimas.

La desventaja de hacerlo mediante la creación de una figura bancaria (el llamado «banco malo») es que los problemas seguirían dentro del sector financiero -aunque aparcados en una entidad nociva separada del resto- y esto, por la específica condición crucial de la banca, expondría a España a la sospecha de que tarde o temprano esos activos dañados y su previsible depreciación pudieran tener que ser asumidos por el Estado, con la consiguiente elevación del déficit y deuda públicos. La creación de una sociedad mercantil de naturaleza no financiera elude relativamente esa contingencia pero dificulta que, junto con los activos inmobiliarios, las entidades puedan trasvasar al nuevo ente sus créditos dudosos y en riesgo de impago, que se estiman en 40.000 millones.

Con todo, el problema no desaparece, dado que la nueva sociedad, participada por los bancos, generará pérdidas previsiblemente durante años. El propósito es que cada banco no tenga más del 20% de esta sociedad para que no se vean obligados a consolidar en sus cuentas las pérdidas de la participada. Pero aún así hay que resolver cómo se financia la compañía. El Gobierno proclama que no habrá ni un euro de inyección pública. Pero la banca difícilmente podrá hacerlo con sus propios recursos: ha entrado en pérdidas como sector y aún tiene pendiente dotar al Fondo de Garantías de Depósitos con cifras millonarias que no se sabe de dónde van a salir. Se especula con un sistema de avales, pero la UE ha avisado de que no permitirá auxilios públicos. Y la captación de inversores internacionales o de fondos «buitre» dispuestos a jugársela especulando con ese inmenso parque de pisos y suelo en «stock» se antoja difícil. De hecho, ningún grupo inversor extranjero apostó por la banca española en estos dos años de fusiones y salidas a Bolsa. J. C. Flowers amagó varias veces pero rehusó en todas.

Si la limpieza de los balances se culmina, sólo se habrá resuelto uno de los impedimentos para que se restablezca el crédito en España: persistirá una escasa demanda solvente (familias y empresas están supraendeudadas y la economía sigue en recesión), la insuficiencia del ahorro nacional, la desconfianza internacional de los mercados mayoristas hacia España por su disparatada deuda exterior (1,7 billones) -sobre todo privada- y la necesidad de la banca de destinar las ingentes inyecciones de liquidez del BCE a atender los enormes vencimientos de los préstamos internacionales que captó en los últimos quince años para satisfacer la vertiginosa demanda de crédito.