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Francisco González. Catedrático de Economía

La cuenta pendiente de la banca

Guía para entender por qué sigue atascado el saneamiento del sector financiero español, vital para la recuperación de la economía

 04:44  
Francisco González. Catedrático de Economía
Francisco González. Catedrático de Economía 

Oviedo,

Marian MARTÍNEZ

El Gobierno y el Banco de España analizan si constituir una sociedad en la que aglutinar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos y aislarlos, de tal manera que dejen de penalizar al sistema financiero español. Mientras tanto, desde todos los ámbitos, incluso desde los propios bancos, se piden medidas que permitan agilizar la reestructuración del sector. Pero ¿qué se ha hecho en tres años? ¿Por qué las políticas adoptadas hasta ahora no han dado resultado? ¿Qué se debe hacer para no volver a caer en los errores, concluir la reforma y que el crédito se recupere? Francisco González, catedrático de Economía Financiera y profesor en la Universidad de Oviedo, responde a esas y otras cuestiones para explicar qué ha pasado con el sistema financiero y qué hacer para culminar un proceso clave para dar con la salida a la crisis.

l ¿Cómo se debe afrontar una crisis financiera? «La ortodoxia financiera es clara respecto a lo que hay que hacer en caso de crisis bancarias: las entidades con problemas de insolvencia (no de liquidez) deben ser intervenidas, reconociendo que sus propietarios han perdido todo lo aportado; los directivos deben ser reemplazados y evaluarse su responsabilidad para imponer las sanciones correspondientes. La intervención suele requerir la aportación de capital público para sanear las entidades intervenidas antes de subastarlas entre las que son solventes. La rapidez en la intervención es crucial para minimizar el impacto negativo en la oferta de crédito y en el crecimiento económico».

l ¿Qué se ha hecho en España? «Lo realizado hasta el momento difiere de esta ortodoxia. Se ha dejado y se deja funcionar a entidades insolventes. La intervención ha sido, por tanto, lenta. Cuando se ha intervenido no siempre se han exigido responsabilidades a los gestores e incluso se les ha premiado con indemnizaciones elevadas o manteniéndolos en sus puestos de trabajo».

l ¿Qué ha provocado una política tan errática con el sistema financiero? «Dos aspectos básicos: primero, el hecho de que el problema de la insolvencia se centrase en el sector de las cajas de ahorros, donde las consideraciones políticas han puesto trabas a intervenciones drásticas y rápidas, así como al establecimiento de las sanciones oportunas. Y, segundo, el elevado volumen de fondos que la intervención requería. Sin duda, estamos ante una crisis sistémica donde un porcentaje muy importante de la inversión crediticia de los bancos en el sector inmobiliario debería ser provisionada o cubierta, lo que supondría la inyección de un elevado volumen de fondos públicos».

l ¿El método utilizado ha agravado el problema financiero español? «La forma de actuación elegida supone retrasar la solución del problema e incluso lo agrava, al permitir huidas hacia adelante de las entidades insolventes cuando dichas prácticas no son convenientemente penalizadas. Ejemplos de estas prácticas serían la asunción de nuevos riesgos, las «guerras del pasivo» ofreciendo cuentas de alta remuneración o incrementos de remuneración directiva o de pagos de dividendos tratando de obtener el máximo rendimiento mientras la entidad aguante».

l ¿Habrá que inyectar más dinero público a la banca? «Será inevitable, y no es cierto que no se esté aportando dinero público para sanear la banca. Aunque no se haya aportado de forma directa, se está aportando de forma indirecta. Debemos recordar que la deuda pública del Estado español -equivalente al 68,5% del PIB- es inferior a la deuda pública de la zona euro, mientras que nuestra prima por riesgo es la más elevadas de dicha zona, excluyendo a las economías intervenidas».

l ¿Por qué se dispara la prima de riesgo? «La elevada prima por riesgo que paga el Estado español por su deuda pública se debe en parte a que los acreedores anticipan que el Estado es en última instancia el garante de los depósitos bancarios. Es decir, la deuda bancaria insolvente se equipara ya implícitamente a deuda pública. Además, cuando los bancos se financian al 1% con fondos del Banco Central Europeo (BCE) y los invierten en deuda pública al 4% o 5% obtienen un beneficio que ayuda a sanear sus cuentas, pero que estamos pagando todos los españoles, ya que la elevada prima de riesgo que nutre el beneficio bancario tiene precisamente su origen en la insolvencia del sector bancario. Por tanto, los altos tipos de interés que el Estado paga por la emisión de su deuda y la necesidad que originan de introducir recortes en el sector público ya constituyen una subvención indirecta al sector bancario».

l ¿Cómo influye esta intervención indirecta en la situación económica? «El problema es que esta forma de intervención indirecta es muy ineficiente, pues renuncia a identificar claramente las entidades más problemáticas, no impone disciplina entre los gestores que realmente peor han actuado asumiendo riesgos más elevados, y prolonga la duración de la crisis bancaria y sus efectos negativos sobre el crédito a familias y empresas. Es decir, al coste de la subvención que el sector público está ya prestando al sector bancario hay que añadir el coste de oportunidad en términos de crecimiento económico que supone retrasar el saneamiento bancario».

l ¿Será una solución efectiva separar los activos tóxicos inmobiliarios que tienen los bancos del negocio bancario «limpio»? «La cuestión clave es cómo reponer los fondos perdidos en estos activos que ya no tienen valor. Reponer esos fondos supondría volver a tener un sistema bancario solvente y que nuestros acreedores recuperasen la confianza en que les vamos a pagar. Si quien lo ha de reponer es el sector bancario (argumento oficial hasta el momento), se tardará tiempo y se incurrirá en mayores ineficiencias, al retrasarse la adopción de medidas disciplinarias en las entidades más problemáticas. Si lo repone el sector público, ya no es tan relevante que se haga a través de estas sociedades o a través de lo que se denomina un banco malo. Lo relevante es que se está realizando una aportación directa del sector público al sector bancario».

l ¿Quién pagará el saneamiento bancario? «Debemos ser conscientes de que los costes del saneamiento los vamos a soportar, en cualquier caso, los contribuyentes. Esto resulta inevitable. Lo importante es reducir el importe de la factura y aquí es donde está la diferencia».

l ¿Hay que crear un «banco malo» para aglutinar los terrenos y pisos de los bancos? «Si no se crea un «banco malo», los costes los soportaremos de forma continuada en el tiempo a través del elevado coste de la financiación pública, que obliga a reducir el tamaño del resto del sector público (subvención indirecta) y retrasará la recuperación de la senda de crecimiento. Si se crea un banco malo u otro tipo de sociedad, los costes los soportaríamos a través de las aportaciones directas del Estado, supuestamente vía un préstamo del fondo de estabilidad financiera».

l ¿Cuál es la solución para acabar con la crisis financiera y que fluya el crédito? «Las experiencias de crisis pasadas demuestran que el importe de la factura pública es mayor en el primer caso -sin «banco malo»-, al generar más costes en términos de retraso del crecimiento económico. Ser conscientes de los costes implícitos que origina el no intervenir directamente es importante para romper el rechazo popular y político que puede suponer el utilizar fondos públicos para el saneamiento del sector bancario. Cuando el FMI propuso la semana pasada utilizar el fondo de estabilidad financiera para financiar directamente la intervención pública en el sistema bancario también se estaba decantando por dicha intervención directa. Sin embargo, dicha propuesta ha contado, por el momento, con el rechazo de la Comisión Europea y con el de muchos de sus estados miembros».

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