Madrid, Agencias

La Audiencia Nacional ha archivado, a petición de la fiscalía, la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia por supuestos delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del banco HSBC. El tribunal considera que los Botín quedan exentos de responsabilidad penal tras haber regularizado su situación fiscal mediante el pago conjunto de unos 200 millones de euros correspondientes al IRPF y al impuesto sobre patrimonio.

La causa implicaba a Emilio Botín y a sus cinco hijos, así como a su hermano Jaime Botín (accionista principal de Bankinter) y a los cinco hijos de éste. El proceso se abrió en 2010 a raíz de que la familia apareciera entre los 659 contribuyentes españoles que tenían cuentas, no declaradas a Hacienda, en la filial suiza del banco HSBC. Los Botín alegaron entonces que los fondos depositados en Suiza formaban el patrimonio que Emilio Botín padre había sacado del país en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil.

Tras ser localizadas las cuentas ocultas de Suiza, el Gobierno español concedió a los evasores 15 días para regularizar su situación presentando las declaraciones fiscales pendientes. La familia Botín se acogió a esta vía y pagó unos 200 millones de euros en total en tributos pendientes, incluidas las penalizaciones correspondientes. No obstante, la fiscalía anticorrupción formuló paralelamente denuncia para comprobar que las citadas regularizaciones eran correctas y cortar la posibilidad de que prescribieran las infracciones. El ministerio público añadió el compromiso de archivar las diligencias en cuanto se comprobara que las regularizaciones practicadas eran completas y veraces. El auto conocido ayer certifica el final de aquellas diligencias.

El titular del Juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, concluye que «la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación».

Según informaron fuentes del Santander, los doce miembros de la familia Botín presentaron 72 declaraciones del IRPF y del impuesto sobre patrimonio correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2009 por los activos de la herencia familiar en Suiza, lo que los llevó a pagar a Hacienda unos 200 millones de euros, recargos incluidos.

Según un comunicado enviado por los portavoces de la familia Botín, los abogados Jesús Remón y Rafael Mateu de Ros, «el sobreseimiento libre y archivo acordado por el juez de la Audiencia Nacional a petición del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado confirma lo que ya se dijo cuando se admitió a trámite la querella, en junio de 2011: que la familia había realizado una regularización voluntaria y completa y que estaba y está al corriente de todas sus obligaciones fiscales».

El caso de las cuentas opacas de la filial suiza del banco británico HSBC se originó cuando un antiguo trabajador de la entidad entregó documentación confidencial a las autoridades francesas de presuntos evasores fiscales. Francia pasó esa información a la Agencia Tributaria española, que abrió una investigación sobre 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 depósitos en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Entre los titulares de cuentas opacas en el país helvético se identificó al menos a cuatro fortunas asturianas, según informaron entonces fuentes próximas al caso.

El caso

Las cuentas opacas

Una información facilitada por Francia permitió al Gobierno español en 2010 identificar a 679 contribuyentes que disponían de cuentas en Suiza que no habían declarado a Hacienda. Entre esos contribuyentes figuraban doce miembros de la familia Botín: Emilio Botín, presidente del Santander, y sus cinco hijos (incluida Ana Patricia Botín, responsable del banco en el Reino Unido), y Jaime Botín (hermano de Emilio y accionista principal de Bankinter) y sus cinco hijos.

Las cuentas opacas

La familia de banqueros alegó que la cuenta había sido abierta en 1936 por Emilio Botín padre con patrimonio que sacó de España al estallar la Guerra Civil.

El Gobierno dio 15 días a los titulares de las cuentas opacas para pagar los tributos y los recargos pendientes, antes de proceder penalmente contra ellos. Los Botín siguieron ese camino y abonaron unos 200 millones de euros.

No obstante, la fiscalía anticorrupción tramitó una denuncia por fraude fiscal que mantuvo viva hasta que se comprobó que la regularización había sido completa y adecuada. La Audiencia Nacional ha archivado ahora aquella denuncia, a petición de la propia fiscalía.