Los pagos en efectivo de más de 2.500 euros quedarán restringidos este mismo año

Madrid / Oviedo

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente (un turista, por ejemplo). El propósito del Gobierno es tramitar el texto por la vía de urgencia y, en todo caso, que el límite de los pagos en metálico y otras medidas para evitar la evasión fiscal comiencen a aplicarse este mismo año.


La imposibilidad de realizar pagos en efectivo por más de 2.500 euros está pensada para poner coto al llamado dinero negro. La limitación no afectará a las operaciones realizadas entre particulares, pero sí a las realizadas con o entre profesionales y empresas. Un ejemplo: cuando la norma entre en vigor, una reforma de una casa que cueste más de 2.500 euros no se podrá pagar en metálico, sino mediante transferencia bancaria u otro método análogo.


En caso de incumplimiento, serán sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, mientras que será exonerado de la sanción quien voluntariamente comunique el pago en efectivo.


La futura ley establece también la obligación de informar sobre cuentas y valores que se tienen en el extranjero y se declara la «imprescriptibilidad» de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último período impositivo de entre los no prescritos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó ayer que, aparte de no prescribir, el defraudador que oculte información sobre bienes en el exterior se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará 5.000 euros por cada dato no declarado.


La ley antifraude está concebida, además, para empujar a los defradudadores a acogerse a la «amnistía fiscal» (regularización fiscal, según el Gobierno) que Hacienda ha puesto en marcha.


El Ejecutivo intenta también actuar en las bolsas de fraude del IVA en los negocios que cotizan por módulos. Quedarán excluidos de este régimen de tributación los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones con particulares, una exclusión que sólo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros. La medida afecta a un catálogo de actividades entre las que se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera.


Para garantizar el cobro de las deudas tributarias, se adelanta el momento en el que se pueden adoptar medidas cautelares como embargos preventivos. Además, se endurecen las sanciones por resistencia a la inspección, que serán de hasta 100.000 euros, siempre que no se desarrollen actividades económicas, y de un máximo de 600.000 euros en el supuesto de que se trate de empresarios.