Madrid, Efe

Las medidas anunciadas ayer por el Gobierno en el seno de la función pública han encendido los ánimos de los funcionarios, que ya anunciaron movilizaciones tras ver cómo se recortaban sus salarios y se ampliaban sus jornadas de trabajo.

Entre las decisiones tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy figura la supresión de la paga extra de Navidad para los empleados públicos, «excepcionalmente y dadas las circunstancias de la economía», en palabras de Rajoy. Además, se reducirá el número de días de libre disposición de los funcionarios -los seis conocidos como «moscosos»- así como el número de liberados sindicales, y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.

Rajoy señaló que es necesaria una revisión integral de la función pública porque el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento. Afirmó que desde que comenzó la crisis en 2008, el número de empleados públicos ha crecido en 289.000 personas, mientras que el sector privado destruyó 2,9 millones de empleos.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cifró en 6.315 millones de euros al año el ahorro que supondrán estas decisiones.

Ante estas medidas, la reacción de los funcionarios ha sido inmediata: alrededor de 200 personas se manifestaron ante la sede en la que iba a haber un encuentro del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, con los sindicatos para explicarles estas medidas y en la que los sindicalistas optaron por levantarse y marcharse de la reunión sin escuchar las explicaciones. En otras ciudades también hubo protestas. Algunas, con varios miles de participantes, como en Murcia. Los sindicatos pidieron que los funcionarios se manifiesten mañana, viernes, a las puertas de sus centros de trabajo.

Los sindicatos se levantaron de la mesa por entender que se trataba de una «farsa», al presentarles unas medidas que ya habían sido adoptadas. También dijeron que el Gobierno no sólo ha desarticulado el Estado del bienestar, sino que está desmontando el Estado. Además, acusaron al Ejecutivo de actuar de forma autoritaria y de tratar a los sindicatos como si fueran objetos, al no consultarles sobre nada.