Según se ha contado en los medios de comunicación, durante una de las reuniones negociadoras del famoso préstamo para la banca española obtenido en condiciones extraordinariamente favorables, el presidente del Gobierno envió un SMS al ministro de Economía y Competitividad, el señor de Guindos, diciéndole: «Aguanta... España no es Uganda». Es probable que más que una fácil rima el propósito del Presidente fuera recordarle, por si fuera necesario, que no somos lo que en su día el escritor William Sydney Porter empezó a denominar una república bananera, cosa que por cierto hizo en su libro «Of Cabbages and Kings». Que no somos una república es evidente, pero antes de rechazar el calificativo convendría recordar algunas cosas.
En el momento de escribir estas líneas (11 de julio), el Gobierno ha aprobado, en poco más de seis meses, 20 decretos-leyes a pesar de que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y podría, con el correspondiente y democrático debate parlamentario, tramitar muchos de sus contenidos por el procedimiento legislativo de urgencia. En varios de esos decretos es manifiesta la falta de los requisitos exigidos por la Constitución para aprobar dichas normas y en alguno se afecta a materias que nuestra norma fundamental ha excluido a los decretos-leyes.
A lo largo de seis meses, el Gobierno ha incumplido de manera sistemática los compromisos con los que se presentó a las elecciones del 20 de noviembre y ni ha sometido sus pretensiones a debate en el Parlamento ni ha acudido a un instrumento constitucional como la cuestión de confianza, prevista para cuando el Ejecutivo pretende llevar a cabo un cambio radical en la orientación política del país. En esto también somos diferentes, pues esos mecanismos democráticos sí los han empleado los primeros ministros de otros países europeos en situaciones similares; de hecho el primer ministro portugués dimitió al rechazar el Parlamento su plan de estabilidad.
Y aunque pueda parecer insólito, las condiciones extraordinariamente favorables del préstamo que impusimos a las instituciones europeas han limitado, según reconoció el propio presidente del Gobierno, nuestra libertad para decidir. En otras palabras, el Gobierno ya no cumple el mandato constitucional (art. 97) de dirigir la política interior, al menos en materia financiera, con lo que se puede pensar que más que Gobierno tenemos unos meros gerentes que se limitan a cumplir órdenes.
A lo anterior debe añadirse que las medidas de carácter económico anunciadas por el presidente del Gobierno el 11 de julio son, otra vez, una muestra de prepotencia con los más vulnerables y sumisión con los poderosos: por una parte se subirá un impuesto como el IVA que, como es bien sabido, afecta a todas las personas por igual al margen de su capacidad adquisitiva y se hace en un 25% en el caso del reducido (del 8 al 10%) y de un 16 en el general (del 18 al 21%); además se revisará -léase se reducirá- las prestaciones económicas del sistema de dependencia y se reducirá el subsidio de desempleo a partir del sexto mes, del 60% al 50%. El Presidente considera que esta última medida tendría que ser un estímulo para que el parado buscara empleo con más ahínco. Si es así, la medida no puede ser más decepcionante pues mayor acicate tendrían si se reducen más las prestaciones o, ya que hay que ser valiente, si se suprimieran.
Por otro lado, si es cierto que, como sostiene el señor Montoro, ministro de Hacienda, hay que subir el IVA por nuestra ancestral tendencia a no pagarlo, no alcanzo a entender la razón por la que no se pone un gravamen alto a los artificios financieros de las grandes fortunas o a las grandes sociedades pues, según los técnicos de Hacienda, ahí está con diferencia la mayor bolsa de fraude, estimado en unos 88.000 millones de euros anuales, que es bastante más que lo que se pretende ahorrar ahora, 65.000 millones.
En cuanto a la reducción del 30% en el número de concejales, tan aplaudida por otros que también han sido elegidos democráticamente, se podría ir un poco más allá y reducir el número de diputados en 50; eso sí, en ambos casos, no parece que los efectos vayan a ser inmediatos pues dudo que se pretenda hacer un ERE a los elegidos el año pasado, con lo que hasta 2014 dicha reducción no tendrá consecuencias.
Y puestos a ahorrar, a la decisión de reducir en el 20% las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales en los presupuestos de 2013, podría añadirse un porcentaje similar en el presupuesto que recibe la Casa Real; incluso sería de agradecer por parte del jefe del Estado que pusiera en práctica en el ámbito económico sus famosas palabras «lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir», pues continúa equivocándose si no pide someterse a la ley de Transparencia y una reducción sustancial del presupuesto de la Casa Real.
En suma, aunque no somos una república bananera nos estamos aproximando bastante a una monarquía platanera.
