Madrid, Agencias
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, justificó ayer los recortes a los funcionarios, entre los que se incluyó a él mismo, en la falta de dinero para pagar las nóminas. «No hay dinero y cuando no hay dinero hay que extender la jornada laboral», incidió el ministro, quien insistió en que el sueldo de los funcionarios depende de los impuestos, por lo que «si no sube la recaudación estamos en riesgo de pagar las nóminas y es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales». «Y eso es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales y hay que decirlo sensatamente, sin hacer aspavientos, entendiendo que no estamos renunciando a privilegios de nada», subrayó Montoro, recriminando al PSOE que no «ayude» al Gobierno a explicar a los empleados públicos la realidad.
El Congreso convalidará hoy las nuevas medidas de ajuste del Gobierno -entre ellas la subida del IVA y la rebaja en la prestación por desempleo- con los votos del PP y posiblemente de UPN, y aprobará asimismo el mecanismo de liquidez autonómica, con el respaldo de CiU y una menor oposición.
Montoro anunció ayer que 6.000 liberados sindicales de la administración pública deberán volver a su puesto de trabajo, 2.000 de ellos de la administración central. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, ese ajuste supondrá un ahorro de 250 millones de euros para el conjunto de las administraciones, «sin recortar los derechos de los sindicatos». Según el Gobierno, se pone así fin a una situación que prácticamente triplica el número de representantes sindicales que en igualdad de condiciones tendría el sector privado. Los sindicatos UGT, CC OO. y CSI-CSIF acusaron al Gobierno de «dar una vuelta de tuerca más» a la ley para intentar «aniquilar la protesta en la calle» de los empleados públicos ante los recortes.
La CEOE también entró ayer en el debate y afirmó que la «estrategia adecuada» respecto a los funcionarios «no es una reducción horizontal de salarios», sino abordar una «reducción efectiva» del número de empleados públicos. Porque, afirma, la rebaja de sueldos es «desincentivadora y daña el capital humano de la Administración».
Quien también salió ayer a la palestra fue Antoni Brufau, presidente de Repsol, para replicar al ministro de Economía, Luis de Guindos, quien el pasado martes pidió a los ejecutivos de las empresas del Ibex que se bajen los sueldos. Brufau señaló que estos salarios tienen una fiscalidad del 56%, «la mayor de Europa, con lo que las arcas públicas tienen que estar contentas».
