Valencia, Juanjo GARCÍA

La Comunidad Valenciana se convirtió ayer en la primera autonomía que pide la ayuda financiera del Gobierno central ante las enormes dificultades para hacer frente a sus deudas con los proveedores que no entraron en el plan de pagos del Gobierno -entre ellos, farmacias y ayuntamientos-, debido al cierre de los mercados financieros. Lo que no aclaró el Ejecutivo valenciano es la cantidad que solicitará, porque «no está definida». Fuentes del Ejecutivo aseguraron hace unos días que la cifra superará los 2.000 millones de euros. Los vencimientos hasta diciembre suman 2.883 millones. La oposición considera que la Generalitat valenciana ha solicitado la «intervención».

El vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Císcar, anunció ayer, tras el Pleno del Consejo de Gobierno, y tal y como había adelantado el diario «Levante-EMV», de la misma empresa editorial que LA NUEVA ESPAÑA, la adhesión al fondo de liquidez autonómica para «hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012» y, además, poder «atender el pago a otros proveedores, entre ellos las farmacias y muchos otros». Pero negó que sea un rescate, porque la adhesión al fondo es voluntario, alegó.

El fondo del rescate habilitado por el Gobierno de Mariano Rajoy para las comunidades autónomas es de 18.000 millones de euros, de los que casi un tercio corresponde a un préstamo de Loterías del Estado. Para acceder a esta ayuda, los ejecutivos regionales deben presentar un plan de ajuste y, si ya lo han hecho, como es el caso de la Comunidad Valenciana, deberán acordar con el Ministerio de Hacienda las modificaciones para cumplir con los requisitos que se les impongan desde Madrid.

Císcar recalcó ayer que la Generalitat «asume voluntariamente» el compromiso de enviar mensualmente al Ministerio de Hacienda información de la ejecución del plan de ajuste. Pero el real decreto que aprobó el mecanismo impone severas condiciones de supervisión de cuentas, mes a mes, de forma que comporta el tutelaje de la gestión económica de la Generalitat, lo que para la oposición constituye una intervención de hecho.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó -igual que en el caso de la banca española con la UE- que la petición de la Generalitat suponga «una intervención», aunque matizó que la comunidad deberá afrontar más condiciones.

El vicepresidente valenciano explicó que el fondo solicitado aportará «seguridad en el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Generalitat» y, al cubrir los vencimientos, ya no tendrán que echar mano del presupuesto ni de las «partidas de gasto social» para «pagar intereses». Así, aunque la prioridad de fondo es la deuda, «indirectamente» permitirá afrontar las facturas con proveedores, como las farmacias. «La medida evitará el encarecimiento de los préstamos ante una eventual renegociación que ahora no será necesaria», afirmó Císcar.

Horas después, medio centenar de personas increpó y tiró huevos al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (PP), quien sustituyó a Francisco Camps, que se vio envuelto en el caso de corrupción «Gürtel».

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, exigió una convocatoria urgente y extraordinaria del Parlamento valenciano y un informe de la Sindicatura de Cuentas tras anunciar que «la Comunidad Valenciana ha sido intervenida (...) y serán los hombres de negro de Rajoy quienes controlen nuestras finanzas», en referencia a la «troika», como se conoce a la comisión técnica que conforman la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y que se encarga de vigilar la aplicación de los recortes en los países intervenidos. Puig consideró «intolerable» que la decisión no se tratase en el Parlamento regional. «Es una gravísima irresponsabilidad». «Quienes deciden ya no son los valencianos ni sus representantes, sino el Gobierno central», dijo.

Marga Sanz, portavoz de IU en Valencia, reclamó la dimisión de Alberto Fabra y la convocatoria de elecciones anticipadas. Enric Morera, su homólogo en Compromís, afirmó que «se pide el rescate porque no hay dinero, porque lo han gastado en juergas y en saraos».