El Gobierno se atasca en el agujero eléctrico

El canario José Manuel Soria se estrenó como ministro de Industria en asuntos eléctricos dando cierta sensación de ímpetu, incluso de desdén ante la conocida influencia de las grandes compañías del kilovatio, que en casi todos los casos tienen ya en nómina de sus consejos a ex presidentes y ex ministros de anteriores gobiernos. En enero, Soria lanzó un decreto de medidas urgentes para contener los costes del sistema, congelando la asignación de nuevas subvenciones a los productores de energías renovables y recortando también retribuciones a las distribuidoras. El Ministro aliñó tal decisión con el anuncio de una profunda reforma energética. Debía estar lista el pasado junio y en julio llegó a pasar por el Consejo de Ministros, pero sin ver la luz. La complejidad del «sudoku» eléctrico, las enormes presiones de los «lobbys» empresariales implicados y las diferencias dentro del Gobierno han atascado hasta ahora un documento de gran enjundia para la economía nacional.

l El pufo eléctrico. La que lleva meses cocinándose en los despachos de Industria -y en la Oficina Económica de la Moncloa- no es una reforma al uso. El capítulo central no será una revisión de la dieta energética para reforzar la garantía de suministro o aminorar la dependencia del exterior. Probablemente tampoco habrá una revolución en el diseño del mercado, en vigor desde 1997, también con el PP en el poder. Ahora se busca una solución para un agujero que ronda los 25.000 millones y que podría aproximarse a los 30.000 a finales de año: el llamado «déficit tarifario», la deuda acumulada por el sistema con las eléctricas a causa del desfase que los sucesivos gobiernos han ido reconociendo entre lo que cuesta la luz y lo que pagan los españoles y sus empresas por el recibo.

«La senda financiera del sistema resulta insostenible si no se toman medidas», ha dictaminado la Comisión Nacional de la Energía. Con una deuda equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB), el desfase del modelo eléctrico supone una amenaza para su viabilidad y puede convertirse también, sostienen algunos analistas, en un lastre añadido para la posición de España en los mercados financieros. El Tesoro español está detrás, como avalista, del mecanismo que ya el anterior Gobierno puso en marcha para financiar el déficit de la tarifa eléctrica: «titulizarlo» y colocarlo entre inversores.

¿Cómo se ha acumulado una deuda de ese tamaño? El «déficit tarifario» comenzó hace más diez años, con el PP en el Gobierno. Hay variopintas teorías sobre las razones de esos primeros desajustes, el más grave de ellos registrado en 2002 (1.910 millones). Influyó el encarecimiento de los hidrocarburos, que condicionan los costes de aquellas tecnologías (térmicas de carbón y gas) que son determinantes en la formación del precio de la energía en España. Hay cierto grado de consenso también en que, ante los compromisos de estabilidad macroeconómica que imponía la entrada en el euro y para alentar la competitividad de la industria, los gobiernos de José María Aznar evitaron sistemáticamente subir la tarifa eléctrica, ahorrándose además costes políticos, pero alimentando un incipiente déficit que se disparó con los ejecutivos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La apuesta del PSOE por el despliegue de las energías renovables -eólica y solar- parecía tener lógica económica (reducir la dependencia de combustibles fósiles que España apenas tiene, sacar partido de recursos propios y desarrollar un sector industrial puntero en torno a las tecnologías del viento y el sol). Se hizo a base de multimillonarias subvenciones a la producción (primas), que se han disparado hasta los 7.000 millones de euros al año, generando además en el caso de la tecnología solar fotovoltaica lo que muchos analistas consideran una auténtica «burbuja» especulativa. Un dato: esas plantas solares ingresan 2.800 millones al año de la tarifa eléctrica por cubrir apenas el 3% de la demanda de electricidad.

Pero las energías convencionales también están señaladas: una corriente de expertos considera que el modelo de mercado (marginalista) permite a las grandes empresas obtener beneficios extraordinarios, difíciles de justificar, por las producciones de plantas hidroeléctricas y nucleares. El kilovatio de una presa inaugurada durante el franquismo se retribuye igual que el de una central de gas recién construida, con costes de combustible elevados y la inversión por amortizar.

l Las opciones de Soria. Lo urgente para el Gobierno, indicaron fuentes conocedoras del proceso, es hallar una fórmula que detenga la «bola de nieve» del déficit de la tarifa eléctrica. El ministro Soria ha dado a entender que se actuará sobre los ingresos y los costes del sistema y que la carga se repartirá entre todos los implicados: la industria eléctrica (tendrán menos retribuciones), los consumidores (la luz seguirá subiendo) y la Administración (aportando recursos de naturaleza fiscal).

El Gobierno intenta evitar que la reforma castigue severamente a hogares y empresas consumidoras. Detener el déficit sólo con subidas de la luz requeriría que el precio de la luz aumente un 100% a medio plazo. La alternativa tampoco es sencilla: apretar a las eléctricas.