España está cerca de sumar cinco años bajo el signo de la recesión. Si el inicio de la crisis coincidió con un gobierno socialista, los peores momentos se están viviendo ahora con un Ejecutivo conservador. Mientras, los ciudadanos se preguntan si alguien sabe a dónde vamos y quién está al frente, sufriendo cada día las consecuencias negativas de la crisis. Esta incertidumbre está retroalimentado un descontento social con tentación creciente de operar fuera de las instituciones.
A estas alturas, es obvio que cualquier solución reside en Europa. Aún cuando ha habido países con comportamientos «negligentes», la semilla de la crisis se sustenta en el diseño de un área económica con tipo de cambio fijo (unión monetaria) sin la profundidad necesaria en su mercado común, ni la flexibilidad suficiente en los distintos mercados nacionales como para evitar la acumulación de desequilibrios internos. Hasta ahora, los países acreedores se sienten cómodos con la fábula de la «hormiga y la cigarra»; sin embargo, el cuento real más se parece al del escorpión y la rana, en la medida que el hundimiento de la unión monetaria está en su propia naturaleza. En estos momentos, buena parte de la presión de los mercados sobre los países deudores no se debe a su discutida gestión, sino a la probabilidad de ruptura del euro. De este modo, o se avanza rápido y con paso firme o la presión puede provocar la ruptura del modelo.
Sin entrar en los desafíos de medio plazo, es urgente el diseño de un supervisor bancario europeo que dé sustento a un fondo de garantía de depósitos común y a un sistema de resolución de entidades bancarias. La última reunión del Consejo encargó a la Comisión una propuesta formal sobre el asunto para finales de año, pero la aprobación no debería demorarse a 2013. Además, la Unión debería dotar a sus fondos de rescate FEEF/MEDE de la financiación necesaria para desincentivar ataques especulativos, para lo cual o bien adquieren una licencia bancaria con acceso al BCE o se les dota con la financiación necesaria.
Por lo demás, en nuestro país la situación permanece inestable. Por una parte, es cierto que la crisis bancaria pudiera estar encarrilada gracias al rescate del Eurogrupo que pone sobre la mesa hasta 100.000 millones de euros. Además, el Memorando de Entendimiento perfila una hoja de ruta coherente para el sector. Este rescate supone una enmienda al primer semestre del año marcado por sendas reformas financieras desorientadas y por la crisis de Bankia. En cualquier caso, la operación nos sitúa ante notables riesgos dado que la deuda contraída con el rescate recae sobre las cuentas públicas.
Por otra parte, seguimos pendientes de la habilitación de alguna línea de asistencia a la deuda soberana. Parece complicado que el sector público pueda seguir financiándose a los tipos de interés de los últimos meses, si bien un paso firme en el rediseño de la eurozona podría ayudar a reducirlos sensiblemente. De este modo, es justo reivindicar un acuerdo global en Europa previo a cualquier rescate, en la medida que toda ayuda financiera y, por lo tanto, todo sacrificio puede ser inválido en ausencia de aquélla. Con todo, España muy probablemente necesitará una línea de asistencia que podría habilitarse mediante la compra de deuda pública en el mercado secundario por el propio BCE y por el fondo europeo. Y ante esta tesitura habrá que analizar la condicionalidad del rescate, dado el fracaso de tales programas en el pasado.
Hasta ahora, el Gobierno ha centrado gran parte del ajuste en subidas de impuestos temporales (IRPF, sociedades, etc.) y reducciones del gasto transitorias (sueldos públicos), reduciendo el margen de maniobra de las CC. AA., mientras delimita nuevos marcos normativos para reducir gasto en sanidad y educación. Además, ha adelantado una reforma administrativa que promete elevar el peso de las diputaciones provinciales, únicas instituciones de elección indirecta. Sin embargo, existen alternativas a ese tipo de ajustes. La estrategia debería asentarse en una revisión profunda del sistema fiscal que persiga con mejores herramientas el fraude, elimine las distorsiones de las deducciones en el IRPF y especialmente en sociedades, revise la tributación verde y la del consumo y rehabilite la imposición sobre el patrimonio y sucesiones. En el campo administrativo, las diputaciones deberían vaciarse de poder político mientras se fusionan ayuntamientos, para centrar el gasto en políticas públicas sin dañar la transparencia y la responsabilidad democrática. Así pues, habrá que ver qué tipo de condicionalidad se negocia con el rescate, dado que, de un modo u otro, tal discusión reflejará un determinado modelo de país.
En este sentido, se echa de menos un debate previo en el seno de España, que entienda la situación crítica que estamos atravesando, y desde la responsabilidad ayude a moldear un espacio común compartido que viabilice un nuevo consenso de largo plazo.
Los próximos doce meses serán muy negativos, incluso si las autoridades toman las decisiones correctas. La tasa de paro ha llegado al 24,6 por ciento; 5,7 millones de personas de las cuales cerca de la mitad no cobra ningún tipo de prestación. Además, 1,7 millones de hogares viven con todos sus miembros activos en paro. Las estimaciones a corto plazo anuncian un notable empeoramiento bajo cualquier escenario y las previsiones a medio plazo que alcanzan 2017 aún sitúan en ese año la renta por habitante por debajo del dato pre-crisis, de modo que nos enfrentamos a una década perdida. Jamás una crisis de esta profundidad «ha pasado» por España sin consecuencias político-institucionales. Más peligroso que olvidar la historia es que quienes la conocen y mantienen responsabilidades sobre el presente no sean capaces de percibir las corrientes que la dirigen.
Extracto del seminario impartido por el director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados en los Cursos de La Granda 2012.
