París, Agencias

El Gobierno de Francia ha logrado cerrar un acuerdo con la multinacional siderúrgica Arcelor-Mittal para que el gigante del acero no cierre los dos altos hornos que tiene en la localidad gala de Florange (al nordeste del país), aunque los mantendrá parados hasta que mejore la demanda. El pacto descarta además la posible nacionalización de las instalaciones, que había llegado a sugerir el Gobierno francés. La compañía se compromete a invertir 180 millones de euros durante los próximos cinco años y se descarta los despidos.

Los sindicatos asturianos aseguraron ayer que, en principio, el acuerdo francés no debería de tener repercusión sobre las instalaciones que la multinacional posee en el Principado, donde también mantiene parado uno de los dos altos hornos que tiene en Veriña (Gijón) a la espera de una recuperación de la demanda de acero. Las centrales aseguraron que los mercados de ambas instalaciones, las de Florange y las asturianas, son distintos. Las primeras suelen vender sus productos en el centro de Europa, mientras que las asturianas lo hacen en el sur del continente. Las que sí compiten con las instalaciones regionales son las que Arcelor-Mittal controla en el sur de Francia, en Marsella.

El grupo siderúrgico se ha comprometido a mantener la planta en el actual estado a la espera de conocer el destino de un proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono al que opta Florange y que está pendiente de recibir financiación europea. Sin embargo, Arcelor reconoció que la actividad de acero pesado de la planta no comenzará de forma inmediata. El primer ministro indicó que los acuerdos con Mittal, cuyo presidente se reunió el pasado martes con François Hollande, son «incondicionales» y aseguró que el Estado «vigilará que se cumplan escrupulosamente».

Una fuente de Matignon, sede del primer ministro, precisó que se producirán supresiones de puestos «a medida» que se produzcan jubilaciones y aseguró que no habrá despidos ni traslados por la fuerza. En la planta había 629 empleados que estaban amenazados con ser despedidos, de los más de 2.500 que hay en la planta industrial.

El primer ministro excluyó que el Ejecutivo vaya a nacionalizar provisionalmente los altos hornos, una hipótesis que había sido lanzada por el ministro de Recuperación Productiva, Arnaud Montebourg, y por el propio presidente de la República, Françoise Hollande. Ayrault, que señaló que la expropiación es un medio posible en «circunstancias históricas particulares», «no es eficaz» en el caso de Florange.

El anuncio del primer ministro no convenció a los sindicatos, que esperaban que el Gobierno nacionalizara el grupo, ya que no se fían de la palabra de Mittal, al que acusan de no haber cumplido los compromisos que adquirió en 2006, cuando se hizo con Arcelor. El plazo para negociar una solución para Florange vencía ayer. En caso de desacuerdo, los hornos altos estaban amenazados de cierre definitivo. La siderúrgica, que anunció el cierre de parte de la planta, pretendía deshacerse de las actividades de acero bruto, pero conservar las de transformación, que sirven de aprovisionamiento de las cadenas de montaje de grupos automovilísticos como PSA Peugeot Citroën, Mercedes, Volkswagen, BMW u Opel.

La empresa, con 20.000 trabajadores en Francia, también valoró positivamente su satisfacción por haber alcanzado «un buen acuerdo» con el Ejecutivo galo. «Es positivo que hayamos llegado a un acuerdo sobre nuestras actividades en Florange. En el marco del entorno económico actual, se trata de un buen acuerdo», aseguró Henri Blaffart, portavoz del grupo a través de un comunicado que divulgaron las agencias de comunicación francesas.

En Florange, los sindicatos acogieron con frialdad los anuncios del Gobierno. La CFDT estimó que los asalariados han sido «traicionados una vez más» y reclama una reunión tripartita entre Gobierno, sindicatos y dirección de la empresa. «Exigimos que las obras de renovación empiecen enseguida», declaró el representante del sindicato, Edouard Martin. El representante de la Federación Metalúrgica de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, se declaró «satisfecho» aunque se teme que el acuerdo sea una «cortina de humo».

La opositora UMP denunció «una forma de improvisación al frente del Estado» y recalcó que la industria francesa «necesita reformas estructurales».