Madrid, Agencias

El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha rectificado su declaración ante el juez que investiga posibles delitos en la crisis de este grupo financiero. Rato admite ahora que tenía una sociedad conjunta (la inmobiliaria Paracuga) con el asesor de Bankia en su salida a Bolsa, lo que había negado en su declaración ante el juez.

Se trata de Jaime Castellanos, presidente del banco de inversión Lazard en España. Esta entidad financiera, de la que Rato había sido a su vez asesor hasta su incorporación a Bankia, fue la que se encargó de valorar las acciones de la entidad en su salida a Bolsa. Y esta valoración es uno de los factores de la crisis de Bankia que se está investigando para determinar si hubo engaño a los inversores.

La defensa del ex presidente de Bankia remitió en diciembre un escrito al juez en el que reconoce, en contra de lo señalado en su primera declaración, que ambos fueron y son socios en negocios particulares: actualmente forma parte, junto con Castellanos y otras personas, de una comunidad de bienes titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid), que es objeto de arrendamiento a terceros. Antes, el 30 de octubre de 2009, había constituido con Castellanos y otros la sociedad inmobiliaria Paracuga, aunque la defensa de Rato precisa que «no ha realizado operación mercantil de clase alguna» y que, tres años después, elevó a público su acuerdo social de disolución, liquidación y extinción de esta sociedad, que fue presentado en el registro mercantil el pasado 29 de noviembre.

Durante su interrogatorio el juez Andreu insistió en varias ocasiones en preguntar a Rato si tenía negocios con Castellanos, y Rato negó tener cualquier tipo de relación profesional o comercial con Castellanos, al margen de la derivada de Lazard en la salida a Bolsa de Bankia. Personas que estuvieron en la comparecencia de Rato dijeron que ése fue el peor momento que tuvo que atravesar el ex vicepresidente del Gobierno durante el interrogatorio. En su declaración, Rato aseguró que la elección de Lazard Inversiones corrió a cargo del director financiero y el comité de medios de Bankia, que él no intervino y que, a pesar de todo, entiende que no se produjo «ningún conflicto de intereses» en esta operación.

UPyD, que ejerce la acusación, ha pedido al juez que exija el expediente de contratación con Lazard.