El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó ayer que la legislación española de desahucios vulnera la normativa europea, ya que se deja en clara indefensión a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las entidades financieras. La normativa española impide que el juez competente para examinar si hay estipulaciones abusivas en los préstamos hipotecarios pueda suspender cautelarmente el desahucio, algo «contrario al derecho de la Unión», según la Corte con sede en Luxemburgo. Se trata de una situación especialmente grave cuando la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor y de su familia, matiza el fallo. Esta resolución tira por tierra la legislación que amparó miles de desahucios en todo el territorio nacional. Desde ayer, los jueces podrán paralizarlos si entienden que en los contratos puede haber cláusulas abusivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que la nueva ley hipotecaria que se está tramitando en el Congreso se adaptará a la normativa europea.
La sentencia hecha pública ayer por el Tribunal de Justicia de la UE es consecuencia de una consulta formulada por un juez mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, sobre el caso de Mohamed Aziz, al que Catalunya Caixa desahució junto con su familia -mujer y tres hijos- por cuatro meses de impago.
La normativa española prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que es favorable a la entidad financiera y en el que, según los juristas, caben escasos motivos de oposición. Si el consumidor decide demandar al banco al entender que en su contrato hay cláusulas abusivas, deberá hacerlo por otra vía, por el procedimiento declarativo. El problema es que si el juez detecta que, efectivamente, existe abuso sobre el consumidor, no puede paralizar el desahucio. La consecuencia es que si la sentencia es favorable al hipotecado, éste será compensado con una indemnización, pero no recuperará su casa. Y mucho menos si la vivienda ha sido vendida ya a un tercero, transmisión que resulta irreversible.
Según consta en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, «basta con que los profesionales (entidades financieras) inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva (europea)».
El fallo expone que «un régimen procesal de este tipo (el español), al no permitir que el juez que conozca el proceso declarativo (...) adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección (del consumidor) que pretende garantizar la directiva europea».
Y añade que si se demuestra que efectivamente el contrato hipotecario se sustenta en cláusulas abusivas, «sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula». Además, «no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda».
El juez que trasladó al Tribunal Europeo la pregunta, José María Fernández Seijo, afirmó que el fallo obligará al Gobierno a emprender «cambios importantes en la legislación», y facilitará que los bancos lleguen a acuerdos con los afectados evitando llegar a juicio.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE), que aglutina al 80% de las entidades que conceden créditos, reclamó «acotar adecuadamente el alcance de la sentencia y dejar claro» que si se amplían los motivos en contra de la ejecución hipotecaria «no han de servir, como se pudiera estar trasladando a la opinión pública, para ser un mecanismo de solucionar desahucios», ni dilatar «la gestión de cobro».
Partidos políticos y movimientos sociales celebraron ayer la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, e instaron al Gobierno a adaptar cuanto antes la ley hipotecaria a las exigencias de Europa. «No le queda más opción que cambiar la ley», afirmó frente al Congreso la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que abogó por «la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso». Las principales asociaciones de consumidores coincidieron en que esta sentencia marca «un antes y un después».
«La sentencia nos da la razón, había cláusulas abusivas en la legislación que es preciso cambiar», aseveró la secretaria de economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, que emplazó al Ejecutivo a fijar una moratoria automática de todos los desahucios. Para IU, la sentencia es una «victoria» de los movimientos sociales. Joan Coscubiela, de ICV, afirmó que el fallo «desautoriza brutalmente» al Gobierno y al PP.
