Víctor González Marroquín, ex director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), es uno de los 8.586 prejubilados que figuran en las listas del paro. Marroquín dejó su cargo en el Idepa para prejubilarse a finales de 2010 y percibió como todos los ingenieros una indemnización superior a 200.000 euros, además de el salario. Por la prejubilación cobra al mes unos 3.400 euros, el tramo más elevado que prevé el plan de Hunosa al que se acogió, tras extinguirse la parte de prestación por desempleo que le correspondía. Ahora, como otros prejubilados en su misma situación, recibe el subsidio de 426 euros al mes, esa prestación de la que no podrán disfrutar un 20% de los mayores de 55 años al no cumplir con los nuevos requisitos establecidos por el Gobierno en la reforma de las pensiones.
Marroquín, como el resto de prejubilados, no puede volver a trabajar, aunque sí ejerce como consultor en la firma Stimmam (Servicios Técnicos de Ingeniería Minera y Medioambiental), en la que también participan otros ex ingenieros de la compañía minera. Según Marroquín, «no es una empresa, sino un grupo de profesionales de apoyo a la Universidad -concretamente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas- que damos clases magistrales o ponencias, como quieran denominarlas, sin cobrar». El ex director del Idepa explicó que centra su docencia en el sector de la minería en América Latina. «De esta manera, mantenemos la vinculación con el entorno que nos ha dado conocimiento y experiencia, con el ánimo de transmitirla y ayudar dentro de nuestras posibilidades», precisó en declaraciones a ese diario.
