La política de vivienda del Gobierno central dará a partir de ahora, y al menos durante cuatro años, un giro que aparca el apoyo a la compraventa de pisos para centrar los recursos, más escasos, en estimular el alquiler y la rehabilitación. El Consejo de Ministros aprobó ayer un programa para el período 2013-2016 que, de hecho, supondrá poner fin a las ayudas estatales para la promoción y la adquisición de viviendas protegidas, que habían sido la apuesta capital de anteriores administraciones. Ese vuelco se explica por la limitación de los recursos públicos y, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, por la necesidad de que España camine hacia «un nuevo modelo» tras décadas de auge de la propiedad.
Pastor presentó los pormenores de los nuevos planes también como un revulsivo para el sector de la construcción, principalmente a través de los incentivos a la rehabilitación. Estas ayudas beneficiarán a propietarios y comunidades de viviendas y edificios con antigüedades anteriores a 1981 y que realicen obras para la conservación, la mejora de accesos o de la eficiencia energética. Las subvenciones pueden llegar hasta los 11.000 euros por vivienda y tendrán como techo el 35% del presupuesto de la obra. La aportación de dinero público será de 627 millones en cuatro años.
El capítulo central del plan, con fondos por valor de 1.500 millones, es el orientado a facilitar el acceso de las familias a la vivienda. Aquí se producen cambios de gran alcance. Hasta ahora, los sucesivos programas apoyaban a las empresas para la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) y brindaban también ayudas directas a los compradores de este tipo de inmuebles de precio tasado. Estas prácticas se complementaban con otros apoyos financiados por las autonomías.
El nuevo plan mantiene los subsidios (bonificaciones en el pago de la hipoteca) concedidos a los compradores de VPO con cargo a los programas anteriores, que tienen 250.000 beneficiarios, pero no habrá ayudas para nuevas promociones. Los promotores han alertado en los últimos meses de que esa nueva política supone tanto como acabar con la oferta de vivienda protegida de nueva edificación para la compra. La posibilidad de que se hagan más VPO queda sujeta a que las comunidades autónomas suplan la falta de ayudas estatales.
Alternativamente, el Gobierno intenta poner más el acento en el alquiler. Según las explicaciones de Ana Pastor, se reforzarán las ayudas a los arrendatarios con ingresos modestos y se revisarán algunos criterios para que el dinero se reparta de un modo «más equitativo» que hasta ahora. Los subsidios llegarán a 133.000 familias, frente a las 80.000 actuales, y tendrán como límite el 40% de la renta. El alquiler mensual no podrá ser superior a 600 euros y los ingresos de la unidad familiar deberán ser inferiores a 1.600 euros al mes. Tendrán preferencia en el reparto de esas ayudas los hogares afectados por desahucios.
El Gobierno también prevé la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler, sobre suelos o edificios que sean propiedad de las administraciones.
La ministra Ana Pastor expuso que el conjunto de las actuaciones en materia de vivienda y mejora de zonas urbanas moverá 2.421 millones de euros hasta 2016 y generará una «inversión productiva» capaz de crear 105.000 puestos de trabajo. Según Pastor, el plan contribuirá a dinamizar la construcción, bloqueada ahora.
Las ayudas
Alquiler
Las ayudas al alquiler llegarán a 133.000 familias y tendrán prioridad los afectados por desahucios. El límite de ingresos de la «unidad de convivencia» será de 1.600 euros al mes. La subvención será como mucho equivalente al 40% de la renta durante doce meses, prorrogables en ciertas circunstancias. Sólo se ayudará a inquilinos que pagan rentas inferiores a los 600 euros.
El programa repartirá en cuatro años 627 millones de euros en ayudas a la rehabilitación destinadas a propietarios y comunidades de vecinos de edificios con antigüedades anteriores a 1981. Hay tres paquetes de ayudas: a la conservación, a la mejora de la accesibilidad y a la eficiencia energética. La subvención máxima por vivienda será de 11.000 euros y en todo caso no superará el 35% del presupuesto de la obra.
No habrá nuevos programas de apoyo a la compra de vivienda protegida, aunque se mantienen las ayudas aprobadas con cargo a planes anteriores y que benefician a 250.000 familias.
