La reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) para avanzar en la lucha contra la fuga de capitales hacia los llamados paraísos fiscales ha concluido con escasos resultados. La reforma de la directiva sobre tributación del ahorro está bloqueada desde 2009 por Luxemburgo y Austria y la mayoría de los evasores escapan a la actual norma. Las últimas cifras presentadas por la Comisión Europea hablan de una evasión fiscal en la UE en 2011 de 864.000 millones de euros, lo que representa el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) o el equivalente a cerca del 70,5% de todos los presupuestos de salud del Viejo Continente.

La norma actual sobre paraísos fiscales que rige en la Unión Europea entró en vigor en julio de 2005 y requirió más de una década de difíciles negociaciones entre los diferentes miembros, si bien está repleta de agujeros y se ha mostrado inservible para evitar la evasión de impuestos con el paso del tiempo. Gran parte de esta ingente fuga de capitales proviene de prácticas de las multinacionales, que apuestan por deslocalizar un porcentaje muy importante de sus beneficios hacia filiales emplazadas en territorios con baja o nula fiscalidad (son las jurisdicciones conocidas como offshore), asegura el informe «Una fiscalidad europea: acabar con los paraísos fiscales en la UE», que acaba de publicar la Fundación Alternativas.

«Algunas medidas legales tomadas por países como España, a través de la ley antifraude de octubre de 2012, tratan de dificultar la salida de capitales, aunque tampoco han dado los resultados esperados», advierte el secretario general de la Asociación Profesional de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo. La Agencia Tributaria tan sólo logró recaudar 1.200 millones gracias a la amnistía fiscal, la mitad del objetivo trazado inicialmente por el Ministerio de Hacienda. La regularización de dinero oculto promovida por el Gobierno se salda con 31.484 declaraciones y los inspectores de Hacienda tildan la medida de «fracaso».

l Dinero legal en paraísos

Según reconocen los técnicos de Gestha, llevarse el dinero a un paraíso fiscal no es ilegal, «aunque la mayor parte de ahorradores o inversores en el exterior buscan un plus de opacidad porque tienen algo que ocultar», sostiene Mollinedo. Ahora bien, es completamente legal tener una cuenta bancaria personal o una sociedad en un paraíso fiscal.

La ley 7/2012 de 29 de octubre para la intensificación de actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude ha incorporado el modelo 720 en el IRPF para la declaración de bienes en el extranjero durante el año 2012, siempre que superen los 50.000 euros de bienes, en cuentas, valores o inmuebles. Conoceremos los resultados el próximo año.

Por su parte, las instituciones financieras deben comunicar al Banco de España por vía telemática las operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables cuando actúen como entidades depositarias o liquidadoras en los mercados organizados de valores negociables o mantengan valores depositados en entidades no residentes. Las sociedades gestoras de fondos de inversión deben informar exclusivamente de las participaciones de no residentes en fondos de inversión españoles.

l Sanciones a la vista

El contribuyente tiene que aportar el saldo del capital y bienes que dispone en el extranjero antes de que finalice cada ejercicio. Las sanciones por no declarar los bienes contemplan multas de hasta el 150% del valor del dinero oculto. Con todo, la mera declaración está exenta de tributación adicional al tener un interés simplemente informativo, según reconoce la Agencia Tributaria. Sea como fuere, los fraudes fiscales, según la nueva legislación, tampoco se consideran prescritos en el caso de bienes o derechos situados fuera de España y que no sean identificados.

Los paraísos fiscales de Europa son pequeños países que se caracterizan por el secreto bancario, poca legislación en materia financiera y exención de impuestos. Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía.

Según el estudio que acaba de publicar Boston Consulting Group, la mayor entrada de dinero en los paraísos fiscales durante los próximos cinco años es muy probable que provenga de los ricos de las economías emergentes. Estos inversores optaron por bancos en Suiza o Liechtenstein por razones de «seguridad» y «estabilidad». La riqueza que acaparan estos países aumentó un 6% en 2012 respecto al ejercicio anterior.

l Paraísos europeos

Suiza. Es el más famoso desde que introdujo, en 1934, la ley de secreto bancario, que prohíbe a los bancos divulgar los datos financieros de sus clientes. Esta política ha permitido al país centroeuropeo ser uno de los más estables económicamente.

Mónaco. El principado es uno de los destinos favoritos de las grandes fortunas mundiales y empresas multinacionales para evadir los impuestos. Existen más de 350.000 cuentas bancarias para un país de 32.000 habitantes.

Andorra y Malta. Se caracterizan principalmente por tener impuestos muy bajos en sus productos y servicios, lo que abarata el correspondiente coste para los ahorradores.

Luxemburgo. Tiene más de 200 bancos, de los cuales una treintena están calificados entre los mejores del mundo. Su ley de confidencialidad impide a otros estados investigar a sus clientes, salvo que existan indicios de actividades delictivas.

Gibraltar. Tiene una población de 29.000 habitantes, pero el número de empresas es el doble. Un tercio de las mercantiles no paga impuestos.

Isla de Jersey (se encuentra en el Canal de la Mancha). Sólo acepta grandes capitales, aplicando impuestos sólo a las compañías residentes, con la excepción de una recaudación tributaria anual fija.

l Compromisos políticos

Algunos países europeos -entre ellos España- han anunciado que pondrán en marcha un sistema de intercambio automático de datos para luchar contra el fraude fiscal. Así las cosas, esta medida podría afectar a las cuentas personales de sus ciudadanos, que ya están controladas por la directiva sobre el ahorro. La Unión Europea y Estados Unidos también han sellado acuerdos de intercambio de información. Los gobiernos impulsan medidas para hacer frente a los déficits presupuestarios y exigir una mayor transparencia. Con todo, los anuncios políticos pueden quedar sin consecuencias prácticas contra la evasión tributaria ante el citado bloqueo de una nueva directiva comunitaria por parte de algunos países.