La sociedad de pequeños y medianos astilleros privados, Pymar, recuperó ayer la esperanza de minimizar el impacto de la decisión de la Comisión Europea (CE) sobre la devolución de las bonificaciones fiscales, el sistema conocido como «tax lease», al quedar en manos del Gobierno de España el método y la cuantía que reintegrar. Tras calificar de «discriminatoria e injusta» la sanción impuesta al naval español, el presidente de Pymar, el asturiano Álvaro Platero -también primer ejecutivo de Gondán-, advirtió de que el caso español «sentará precedente en otros países», haciéndose extensible «a toda Europa» y «dejando las manos libres a la competencia de países asiáticos».
«Somos supervivientes, y no vamos a tirar la toalla: 87.000 familias dependen de que seamos capaces de gestionar la situación creada por la Comisión Europea». «Seguiremos trabajando y peleando, como lo hemos hecho hasta ahora, por mantener la actividad y los empleos del sector». Así de rotundo se mostró Álvaro Platero tras conocerse la resolución del Colegio de Comisarios, abriendo la puerta a posibles acciones judiciales entre otras medidas que Pymar eludió concretar. «Hay que estudiar en detalle la resolución. Hay matices que tenemos que analizar cuando conozcamos la redacción definitiva», afirmó el presidente de Pymar en declaraciones telefónicas a este periódico.
Tras reconocer el esfuerzo y la unidad «inédita de todas las instituciones con independencia del color político» que propició los cambios y flexibilización de la Comisión Europea, Platero explicó que la decisión final tendrá «consecuencias claras» en el conjunto del sector naval, incluidos también los astilleros, pese a que el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, restringiera la devolución exclusivamente a los inversores, entre los que se encuentran entidades financieras y grandes empresas.
Platero quiso centrar la atención en el papel fundamental que el Gobierno español puede jugar a partir de ahora. Y es que aplicar la resolución del Colegio de Comisarios estará ahora en manos del Ejecutivo de Rajoy, ya que será el Ministerio de Hacienda el que tenga que chequear los datos correspondientes al lustro 2007-2011 para ver las desgravaciones fiscales de las que se beneficiaron cada uno de los inversores y negociar el método de cálculo con Bruselas. Es decir, si tienen que devolver la parte correspondiente a los beneficios obtenidos o el capital principal, lo que dispararía las cifras.
«Lo que solicita el sector es que la decisión sea lo más equilibrada posible dentro de los límites establecidos en el texto», aseguró la sociedad Pymar, a la vez que abogó por mantener el apoyo que el Gobierno de Rajoy les ha brindado hasta ahora, «que confiamos en que siga siendo total en la fase que viene ahora, la de la recuperación, para que se puedan atenuar al máximo posible los daños de la resolución». La consejera delegada de la sociedad, Almudena López del Pozo, concretó aún más: «Confiamos en que el Gobierno lo pueda hacer, porque ha demostrado que apoya al sector naval y porque Almunia ha dicho que la cuantía a devolver y cómo se debe devolver será determinado por Hacienda».
Platero destacó que el propio vicepresidente de la CE confirmó la seguridad jurídica del nuevo sistema de «tax lease», pero incidió en que es necesario que la Administración nacional «aporte la seguridad jurídica necesaria para que éstas puedan llegar a buen fin».
También advirtió del precedente que ha generado el caso español en un momento en el que se investiga a Holanda, Francia, Grecia y Malta, y el riesgo de que los nuevos buques se encarguen a países asiáticos.
