Las bonificaciones fiscales concedidas por España a grupos de interés económico e inversores en el sector naval entre 2007 y 2011 tendrán que ser devueltas. La Comisión Europea (CE) determinó ayer que lo contrario sería una ilegalidad y rechazó que esta decisión ponga en riesgo la viabilidad de los astilleros españoles, a los que deseó un futuro «brillante». El vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, fue tajante: el sector cuenta con múltiples ayudas y «el futuro dependerá del potencial innovador y de su capacidad para atraer a clientes inversores». La pelota está ahora en el tejado del Gobierno español, que tendrá que cuantificar las ayudas a devolver, lo que supone también un resquicio para negociar el método de cálculo. El Ejecutivo ya ha anunciado que se reserva el derecho de recurrir al Tribunal Europeo de Justicia.

La decisión del Colegio de Comisarios es más favorable que la planteada inicialmente por Almunia, que exigía la devolución de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011. Pero está lejos de las posiciones del Gobierno español, de los regionales afectados (Asturias, Galicia y País Vasco), del sector y de los sindicatos, que limitaban el reembolso de las bonificaciones fiscales concedidas desde que se incoó el expediente contra España en junio de 2011 hasta la actualidad. O como mucho desde marzo de 2009, cuando la predecesora de Almunia, Neelie Kroes, había acreditado por escrito que el sistema, conocido como «tax lease», tenía el beneplácito de Bruselas.

La fecha finalmente aceptada, 2007, corresponde a la finalización del expediente contra Francia por utilizar un sistema similar al español y que, según la CE, debería haber servido a España como advertencia de la ilegalidad de sus bonificaciones fiscales. El problema es que de 2007 a 2011 son los años de uso más intensivo del «tax lease».

El Colegio de Comisarios europeos adoptó ayer la decisión por unanimidad, aunque después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani -defensor de las tesis españolas- levantara sus reservas, según fuentes comunitarias.

«Nuestra decisión de hoy se refiere exclusivamente a las ventajas fiscales ilegales concedidas a algunos inversores. No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles. Lo repito una y otra vez», remarcó Almunia. En este sentido, incidió en que los inversores no podrán trasladar sus obligaciones de devolución de las bonificaciones fiscales a terceros, es decir, ni a las compañías navieras (armadores) ni a los astilleros, «ni siquiera bajo los contratos existentes», remachó el vicepresidente de la CE.

Pese a la insistencia de los periodistas en la conferencia de prensa para que cuantificase el volumen de las bonificaciones fiscales que se tienen que devolver a las arcas públicas españolas, Almunia respondió una y otra vez que no tiene los datos y que «corresponde a las autoridades españolas» elaborar la lista de los inversores que se beneficiaron de millonarias desgravaciones fiscales y las cantidades que deben reembolsar.

Las cantidades que se vienen barajando en los últimos meses se situaban en el entorno de los 2.800 millones de euros si las devoluciones se fijaban desde el año 2005. Fuentes del sector calculan que al establecerlo en 2007, la cuantía se rebaja aproximadamente un 20%, es decir, por debajo de los 2.300 euros, pero también matizaron que «es Hacienda la que tiene que decirlo».

El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno se reserva el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia. Y es que, añadió, «no es la solución que el Gobierno había planteado, no es la que le gusta, pero lógicamente es mejor que la que había anunciado hace unos días el vicepresidente Almunia».

Pendientes de conocer aún la letra pequeña, Almunia no se resistió a mostrar un resquicio para la negociación. Tras indicar que hay numerosas ayudas a las que pueden recurrir los astilleros, incluido un nuevo sistema de «tax lease», afirmó que «la Comisión garantiza que no será un obstáculo para ese futuro que deseamos brillante del sector naval español».