El Gobierno quiere implicar a las comunidades autónomas, a la patronal y a los sindicatos para decidir si recurre o no ante el Tribunal Europeo de Justicia la devolución de las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron los grandes grupos inversores en España entre los años 2007 y 2011. Por eso ha decidido convocarlos la semana que viene para consensuar la estrategia a seguir. El consejero de Economía del Principado, Graciano Torre, reclamó ayer «prudencia» y que se tenga en cuenta la opinión de los astilleros, además de reclamar que se pongan en marcha las nuevas ayudas -también conocidas como «tax lease»- para conseguir carga de trabajo en los astilleros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Gobierno ya tiene un documento que aborda aspectos jurídicos, procesales y económicos, pero eludió hablar de las cifras a devolver y de la postura del Ejecutivo. «Permítanme que los primeros en conocerlo sean los afectados».

Sáenz de Santamaría explicó, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que todos los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Industria y Hacienda están trabajando en el análisis, implicaciones y las consecuencias de la decisión de la Comisión Europea (CE).

«Nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados. Por tanto la próxima semana se mantendrá una reunión amplia con comunidades autónomas, sindicatos y patronal» para trabajar en la defensa del sector naval, las medidas necesarias para su pervivencia y dar confianza a los inversores, afirmó.

La vicepresidenta alabó «la inestimable colaboración» de las autonomías afectadas y de los agentes sociales y remarcó que el Gobierno quiere continuar trabajando «de la mano» con ellos y por la vía del «consenso». Sáenz de Santamaría también añadió que el naval español tiene ahora un sistema fiscal «perfectamente legal que debe servir de plataforma» para defender «un sector competitivo», que genera «gran valor añadido», y garantizar su mantenimiento y a ser posible que amplíe el número de empleos que tiene.

En términos similares se expresó el consejero de Economía del Principado, Graciano Torre, quien destacó que ahora hay que impulsar el nuevo sistema de ayudas que entró en vigor el pasado 1 de enero, para que «permita la recuperación del sector naval e impulse la contratación de barcos, para que aumente así la carga de trabajo de los astilleros». También incidió en que la decisión de la CE «no es la deseable», y que el Principado exigía que sólo se tuviera en cuenta el año 2011. Pero al final, «el resultado es mucho mejor que el planteado al principio, que hubiera supuesto la desaparición de los astilleros».

Torre atribuyó esta modificación sustancial a la unidad y la «presión conjunta que ha ejercido toda la sociedad española». También reclamó «prudencia» a la hora de tomar la decisión de si se recurre o no al Tribunal Europeo de Justicia y que se tenga en cuenta la opinión de los astilleros, protagonistas en este asunto y con la mirada puesta en el futuro.

El PSOE nacional, por su parte, ha pedido al Gobierno que recurra la decisión del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea (CE) y que convoque, de manera inmediata, la mesa de diálogo social del sector naval para diseñar un plan estratégico de viabilidad y futuro.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, reclamó ayer al Gobierno central, durante una visita a los astilleros de Gondán, en Figueras (Castropol), que aclare «lo más rápidamente posible» la hoja de ruta que va a seguir. Anunció que solicitará la comparecencia en el Congreso de los ministros de Industria, José Manuel Soria, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique cómo afrontará el Gobierno la devolución de las ayudas que le tiene que exigir a los inversores. También remarcó la necesidad de «dejar de poner trabas» a un sector «competitivo y viable» como es el naval.