El pulso entre los accionistas por hacerse con el control de Pescanova se inclinó ayer con rotundidad a favor de la cervecera Damm y sus aliados. Damm barrió en la junta de accionistas con un apoyo del 71% de lo socios presentes o representados. El grupo catalán, aliado con el fondo luxemburgués Luxempart, Iberfomento (del imputado José Antonio Pérez Nievas), la banca (que tiene el poder en la sociedad Liquidambar) y la inversora Carolina Masaveu (3,7%) no dio ninguna opción a la alternativa, que apoyó Manuel Fernández de Sousa. El ex presidente de Banco Gallego, Juan Manuel Urgoiti (1939), será su sucesor en la compañía. Ayer inició su andadura anunciando que la nueva Pescanova aspira a conseguir de los bancos que renuncien a cobrar el 75% de la deuda.

«Mi papel va a ser el de ponerme al frente de todo el proceso de reestructuración de la deuda», dijo un Urgoiti eufórico al término de la junta extraordinaria. Entonces enseñó sus cartas (y las de Damm): será un presidente no ejecutivo, una «cara amable» -interpretaron desde el sector-, y Pescanova tendrá un consejero delegado cuyo nombramiento dependerá del consejo. Un órgano en el que no hay atisbo ya y por primera vez de socios históricos como el propio Sousa o Alfonso Paz-Andrade. «Va a quedar clara la separación de poderes», expuso el ex banquero y actual consejero de Inditex.

El nombre del líder ejecutivo dependerá de un consejo uniforme, sin aristas, en el que no parece que haya lugar a la discusión. «La deuda es tan enorme que hay que hacerla asequible con la generación de fondos de la compañía», dijo Urgoiti, y cifró la quita en nada menos que en el 75% (unos 2.700 millones de euros). Los principales bancos acreedores de Pescanova son el Sabadell, Novagalicia, Caixa Bank, Popular, Santander, Bankia, Unicaja, Caixa Geral y Liberbank.

La junta evidenció las diferencias irreconciliables en Pescanova. Al ganar con suficiente mayoría la candidatura de Damm, no fue necesario votar la propuesta alternativa de consejo que defendían los pequeños socios englobados en Pescanem, que contaban con el apoyo del inversor estadounidense Cartesian. Los minoritarios avanzaron la presentación de un conflicto de intereses al pertenecer el representante de Damm, José Carceller, a un sector relacionado con la cadena de alimentación.

Una de las intervenciones más esperadas fue la del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, imputado por presunto falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas, de estafa, de uso de información relevante y de impedimento de la actuación del organismo supervisor. Tal y como había anunciado días antes, Sousa no presentó, en nombre de Sodesco, ninguna propuesta del consejo, y defendió que el futuro de Pescanova pasa por «nuevas personas, nuevas caras».

Sin embargo, consideró que en vista de la representación del capital en la junta resulta «imposible» pensar en una solución que vaya por la vía de la aquiescencia, al tiempo que lamentó que en los consejos de Pescanova de los últimos cinco meses hayan imperado «comportamientos lejos de lo deseable».

El ex consejero delegado y accionista de Pescanova Alfonso Paz Andrade calificó de «seriamente viciada» la propuesta de Damm, que «no es la que requiere la empresa».

Pescanova, con un agujero patrimonial de 1.667 millones y más de 3.600 millones de deuda, está en concurso de acreedores y las funciones del consejo están suspendidas. La consultora Deloitte actúa como administrador concursal. No obstante, los accionistas que dominan el nuevo órgano confían en recuperar próximamente sus poderes y liderar las negociaciones para conseguir un convenio con los acreedores. Deloitte cree que Pescanova puede eludir la liquidación.