La modificación por el anterior Gobierno de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) y la posterior adaptación a esa norma de mayor rango de la ley asturiana de cajas ha dejado fuera de los órganos de Cajastur a 35 políticos electos desde este verano. El órgano más afectado es la asamblea, con 31 bajas. En el consejo de administración hay tres y en la comisión de control, una. Sus vacantes probablemente ya no se cubran. Lo previsible es que el próximo trimestre el parlamento de la nación apruebe el nuevo proyecto de ley del Gobierno del PP que obligará a las cajas de ahorros que controlan bancos a los que han transferido sus negocios (caso de Cajastur) a dejar de ser cajas para convertirse en una nueva figura jurídica denominada fundación bancaria. Las futuras fundaciones bancarias, al igual que las fundaciones ordinarias, carecerán de asamblea, comisión de control y consejo de administración y pasarán a estar regidas por un patronato.

Si la nueva norma se aprueba -como se cree- antes de fin de año, las escasas cajas que han sobrevivido a la fortísima convulsión vivida por el sector desde 2009, dispondrán de un año como máximo para transformarse en fundaciones bancarias. Según este calendario, Cajastur, presidida por Manuel Menéndez, y sus socias en Liberbank (Caja Extremadura y Caja Cantabria), así como las cajas accionistas de Caixa Bank, Unicaja Bank, Kutxa Bank, Ibercaja Banco y BMN, deberán dejar de ser cajas y convertirse en fundaciones bancarias antes de fines de 2014. De esta transformación sólo quedarán exentas -y mientras no se expansionen fuera de sus territorios naturales- Caixa Pollença y Caixa Ontinyent, las otras dos cajas -ambas de ámbito local- que, con las antes citadas, mantienen actividad financiera y han logrado sobrevivir -de un total de 45 cajas de ahorros- a la crisis.

El cambio regulatorio introducido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incapacitó por incompatibilidad a los cargos políticos electos para formar parte de los órganos de las cajas pero concedió un período transitorio para que cesasen los que ya estaban. La norma asturiana de Cajas determinó que ese plazo vencía en junio pasado.

A resultas de esta norma, Cajastur, sus órganos de Gobierno e instituciones fundadoras (parlamento autonómico y Ayuntamiento de Gijón) podrían decidir una convocatoria electoral para cubrir esas vacantes: 28 son representantes municipales de diversas corporaciones locales y tres, consejeros o consejeros generales designados por la Junta General del Principado. Pero todo apunta, según varias fuerzas políticas consultadas, que se optará por mantener los órganos actuales sin cubrir las vacantes para que sean los representantes que siguen con mandato en vigor los que aprueben en su momento la disolución y la transformación de Cajastur en fundación bancaria, evitando con ello dos procesos consecutivos en los quince meses que restan hasta fines de 2014. Pese a las vacantes generadas, existe «quorum» suficiente para ello tanto en el consejo de administración como en la asamblea, integrada en este momento por 213 consejeros generales, dado que la norma de Zapatero también impuso su reducción gradual desde los 300 iniciales a un máximo de 160.