Después de cuatro ejercicios consecutivos de austeridad y recortes, la deuda pública española sigue descontrolada. Al cierre del primer semestre alcanzó los 947.184 millones de euros, el 92,6% del PIB nacional. Es una cifra récord y la primera vez desde que arrancó la crisis que la deuda pública española supera la media de la eurozona (92,2% del PIB). En marzo España ya había rebasado, también por vez primera, el endeudamiento medio de los países de la UE (82,2%).

Se cae, así, el mito de que el endeudamiento público español era el resultado de una deliberada política de gasto contracíclico (el supuesto «derroche» de Zapatero en 2008 y 2009) y que bastaba un cambio de Gobierno y de políticas para ponerle freno. Es más, con el Gobierno de Mariano Rajoy la deuda pública española está creciendo mucho más rápido que con Zapatero y, según Eurostat, España es este año el tercer país de la UE con mayor velocidad de aumento de sus débitos.

Desde que estalló la crisis, con el segundo Gobierno de Zapatero (2008-2011), la deuda pública española creció respecto a 2007 en 33 puntos de PIB, a una media de 8,25 puntos de PIB por año. En lo que va del mandato de Rajoy su escalada fue 23,3 puntos en año y medio, a un ritmo de 15,3 puntos por ejercicio. El aumento es 1,85 veces mayor ahora que entonces.

En valor absoluto, la aceleración del endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas es similar. En los cuatro años de crisis bajo Gobierno de Zapatero el apalancamiento del conjunto del Estado creció en 371.961 millones en cuatro años, a un ritmo medio de 92.990 millones por ejercicio. En el primer año y medio de Rajoy el crecimiento fue de 212.223 millones, a un promedio anual de 141.482 millones y con una intensidad 1,5 veces mayor, lo que sólo en una parte es atribuible al incremento del coste de la deuda.

Cuando Rajoy llegó al Gobierno la deuda española -pese al fortísimo crecimiento en los cuatro ejercicios precedentes- aún estaba casi 13 puntos por debajo de la media de la UE y casi 23 por debajo del nivel medio de la zona monetaria.

Otro de los mitos liga el raudo crecimiento de la deuda nacional al «plan E» de Zapatero y otras políticas de estímulo en la primera fase de la crisis. Desde 2007 hasta el pasado julio el crecimiento de la deuda pública nacional ha sido de 584.184 millones. De ellos, 369.184 millones se generaron bajo políticas de ajustes y recortes a partir de mayo de 2010.

Las políticas de gasto de Zapatero en 2008-2009 sumaron, según el economista liberal Pedro Schwartz, 26.200 millones. Es decir, 2,6 puntos de PIB, lo que sólo explica el 4,48% de los 58 puntos de PIB en los que aumentó el endeudamiento total del Estado entre 2008 y 2013.

Esos 26.000 millones es una cifra análoga a los costes asumidos por España sólo en el rescate de Grecia (25.000 millones en préstamos) y es muy inferior a los 40.000 millones en que aumentó la deuda española el año pasado a causa del rescate bancario: «No es relevante. Son sólo 4 puntos de PIB», dijo Rajoy en Bruselas el 19 de octubre tras el Consejo Europeo en el que se obligó a España a asumir como deuda pública el rescate a la banca.

Otra teoría aduce que el hecho diferencial que explica la inquietante espiral del endeudamiento público nacional es el elevado gasto público español, insostenible una vez que se entra en recesión; pero los estudios comparados establecen que tampoco esto es verdad: el gasto público en España era en 2008 10 puntos de PIB inferior a la media europea. En 2010, cuando la crisis de Grecia y del euro obligaron a Zapatero a girar hacia la austeridad, sólo había diez países en Europa con un gasto público en relación con su PIB nacional menor que España: Luxemburgo, Suiza y ocho países del este europeo.

Ahora -pese que España es el país de la OCDE que más dinero está gastando en cobertura del desempleo y a pesar de las aportaciones a la caja única de la Seguridad Social por el derrumbe de las afiliaciones- el gasto público nacional sigue siendo 4 puntos menor que el promedio. Lo dijo Rajoy en junio: «España es uno de los países con menos gasto público de la UE, cuatro puntos por debajo de la media».

También se ha atribuido el gravísimo sesgo alcista de los débitos a la elefantiasis de las administraciones, pero el PP ya no mantiene este discurso: «El tamaño de la Administración pública española es menor que el de la media de los países de la OCDE, y el enorme aparato burocrático de la Administración tampoco es tal», dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el 21 de junio. Y el pasado viernes lo corroboró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: «Toda aquella interpretación de que hay una España ingobernable en términos presupuestarios porque hay demasiados ayuntamientos y porque tenemos un Estado de las autonomías no es así».

Sin perjuicio de que se precise reordenar competencias y gastos solapados, y de que las administraciones requieran -al igual que el conjunto de la sociedad española- una mayor cultura de la austeridad y del ahorro, la imputación al Estado autonómico como causante del descontrol de las cuentas públicas es otro de los mitos que se derrumban frente a las cifras.

Las 17 comunidades y dos ciudades autónomas (que costean servicios básicos como sanidad, educación, Universidad, justicia, dependencia, protección civil y otros, amén de inversiones en equipamientos e infraestructuras y gasto corriente) tenían contraída una deuda al cierre del primer semestre, y después de 30 años de Estado autonómico, de 193.296 millones, que es el 20,4% de la deuda del Estado. El 75% de la deuda estatal total está en manos de la Administración central. Y aunque ésta ha salido desde el año pasado en auxilio de las haciendas regionales como prestamista y garante con el fondo de liquidez autonómica (FLA), la disparidad entre la deuda central y la periférica sigue siendo abrumadora y la velocidad de aumento de la deuda autonómica (14,8% hasta junio) también es inferior a la del Estado central (20,3%).

Sólo la deuda de las familias españolas (807.446 millones en julio) es 4,2 veces superior a la de las autonomías, y sólo en gastos de consumo los ciudadanos españoles adeudan 183.237 millones, que es apenas el 5,2% inferior a todo el endeudamiento autonómico.

El drama real de España está en la partida de ingresos, sin perjuicio de que al sector público -y mucho más al sector privado- hacía mucho tiempo que les convenía más moderación y contención en el gasto y en la inversión. Es en el lado de los ingresos donde de verdad reside el hecho distintivo y diferencial español. La recaudación tributaria en España cayó en 70.000 millones anuales. Fue lo que Montoro, no en la oposición, pero sí una vez ya en el Gobierno, definió el 13 de julio de 2012 como «un drama nacional».

El quid del problema español, lo que explica la excepcionalidad del comportamiento de la deuda nacional, se resume en tres factores cruciales. El PIB cayó en todos los países durante la crisis, y no fue España el más damnificado, pero en España la crisis fue mucho más destructora de empleo porque, entre otra treintena de factores concurrentes, ningún otro país -salvo Irlanda y el Reino Unido- había confiado de forma tan imprudente la prosperidad nacional a la edificación y a la especulación inmobiliaria, agravado, además, con un apalancamiento desmesurado. El derrumbe de ese andamiaje inestable hundió el empleo, desplomó los ingresos fiscales y además disparó los gastos del Estado en cobertura del paro.

El segundo hecho crucial fue la política tributaria de los Gobiernos de Aznar y de Zapatero durante la época de raudo crecimiento. En todos los países de la UE se hundió la recaudación con la crisis porque en todos los países cayeron el PIB y la actividad con más o menos intensidad. La tragedia española es que mientras que en la zona del euro los ingresos fiscales bajaron en proporción a la caída del PIB (se mantuvieron entre 2008 y 2013 en un rango estable entre 44,7% y 46,2% del PIB), en España se hundieron 6 puntos más de los que se derrumbó la economía: cayeron del 41,1% al 35,1% del PIB. Las explicaciones son dos: el aumento probable de la economía sumergida y, sobre todo, que la competición entre el PP y el PSOE por bajar y suprimir impuestos a la actividad general a partir de 1998 hizo reposar cada vez más la solvencia y financiación del Estado, el sostenimiento de los servicios públicos básicos y la trepidante inversión pública en el inmenso chorro de ingresos tributarios que generaba la «burbuja» inmobiliaria hasta que la pompa de jabón se disipó y los recursos del Estado se volatilizaron. «El problema de España es la falta de ingresos, que nos situó en 2012 diez puntos por debajo de la media europea», dijo Rajoy el pasado mes de junio.

El tercer hecho distintivo español es el brutal endeudamiento privado nacional, uno de los dos más elevados de la UE. Esta inmensa losa sobre la economía española de 1,89 billones de euros entre empresas y familias no sólo está impidiendo el despegue de la actividad y de la demanda interna, sino que también está bloqueando el restablecimiento del crédito bancario a la economía, es la causa de numerosas quiebras empresariales y de la elevación del paro y está en el origen del derrumbe del consumo. Y todo esto está elevando la deuda pública.

El contagio recíproco entre deuda pública y deuda privada se establece por muchos vínculos. Uno de ellos es la caída de la actividad, que drena ingresos a Hacienda y acrecienta sus gastos. Otro es el coste para el erario público del auxilio a bancos y cajas (ya supera los 61.300 millones, sin contabilizar avales, esquemas de protección de activos y aportación del Estado al «banco malo»), lo que no es más que la socialización del impago de la deuda contraída por los particulares con la banca.

Otra de las falacias aduce que fue la deuda pública la causante de la excepcional y específica crisis española. España entró en recesión en 2008 con la menor deuda pública de la democracia tras tres ejercicios consecutivos de superávit en el primer mandato de Zapatero y una tasa de endeudamiento del 36,3% del PIB, casi la mitad que la media de la UE: 60%. Justo al revés, fue la crisis -y las singularidades de la estructura productiva y del sistema tributario españoles- la que llevó al país a una explosión de deuda pública.

El otro gran mito es el que vincula de forma unívoca, determinante y exclusiva la prima de riesgo con el nivel de deuda pública. Aunque el diferencial con el bono alemán está hoy en niveles de junio de 2011 con Zapatero (259 puntos básicos), se ha reducido de forma relevante respecto a los alarmantes 649 puntos que había alcanzado el 25 de julio de 2012, en el primer año de Rajoy. Desde aquel día crítico y de emergencia nacional de hace 14 meses, el diferencial entre la rentabilidad del bono español y la de su equivalente alemán se contrajo en 390 puntos pese a que la deuda del Estado se acrecentó en ese plazo en 157.184 millones adicionales.

La amenaza del BCE de intervenir con artillería pesada en el mercado, la caída de tipos en Japón y en algunos países emergentes -lo que aumentó el apetito por deuda con mayor rentabilidad-, la tendencia a normalizar al alza el interés del bono alemán, la atenuación de las incertidumbres sobre la supervivencia del euro y otros factores ajenos contribuyeron a rebajar la tensión; pero también fue decisiva la acumulativa mejora del sector exterior desde 2010 y que ha permitido obtener este año el primer superávit por cuenta corriente y, por tanto, capacidad de financiación con el exterior, y esto pone en evidencia que en ausencia del tipo de cambio de una moneda propia la prima de riesgo mide la solvencia no sólo del Estado sino la del conjunto de la economía. Y ésta está comprometida por una deuda externa de 1,8 billones, de la que el 85% es endeudamiento privado.