La juez que dirige la instrucción del "caso Enastur" considera que existen indicios suficientes para enjuciar a Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública. Tal decisión, que alcanza también a dos de los hijos del empresario, reaviva la crisis interna de la patronal y las presiones de un sector para exigir la renuncia de Vigón. El líder de la patronal evitó manifestarse ayer sobre el pronunciamiento judicial y sobre su futuro al frente de la FADE.
La magistrada Begoña Fernández, titular del juzgado número tres de Oviedo, dictó ayer lo que en técnica procesal se denomina "auto de apertura de procedimiento abreviado" contra Severino García Vigón, propietario, presidente y consejero delegado de la empresa familiar Energía de Asturias (Enastur) durante los años investigados por impagos del IVA, y contra dos de sus hijos: Pablo García-Vigón González y Miguel García-Vigón González, que desempeñaron responsabilidades como administradores o apoderados de la compañía, distribuidora de gas butano hasta el pasado mayo y hoy en concurso de acreedores y camino de la liquidación.
Fuentes jurídicas familiarizadas con el caso explicaron que el auto supone que, tras las diligencias previas practicadas durante los últimos meses (testimonios, pruebas documentales y periciales...), la juez instructora cree que Vigón y sus hijos pudieron incurrir en fraude fiscal. En cambio, se ha descartado el procesamiento de la esposa de Severino García Vigón y otro de sus hijos, que en alguna etapa de Enastur formaron parte del consejo de administración.
El "caso Enastur" arrancó en los juzgados en 2012, a raíz de una querella de la Fiscalía. Antes, las indagaciones de la Agencia Tributaria llevaron a Hacienda a considerar que la empresa había acumulado impagos de IVA por un valor superior a los 500.000 euros, incluidos los intereses de demora. En sus declaraciones públicas y ante los órganos internos de la FADE, Vigón atribuyó la citada deuda tributaria a las dificultades económicas de Enastur y a una discrepancia con Hacienda sobre la forma de devengar el IVA. El delito fiscal va más allá del mero impago y, según la jurisprudencia española, requiere la existencia de dolo o "ánimo de defraudar". En el "caso Enastur", la instrucción alude a tres posibles delitos, uno por cada uno de los ejercicios (2009, 2010 y 2011) con irregularidades en la liquidación del citado tributo.
El dirigente empresarial fracasó en su intento de pactar con la Fiscalía
El delito contra la Hacienda pública, tipificado en el artículo 305 del Código Penal, prevé penas de hasta cinco años de prisión y multa de hasta seis veces el importe del dinero defraudado. La misma regulación determina que el presunto defraudador puede regularizar su situación pagando la deuda tributaria, siempre que se haga antes de que haya querella o denuncia. La familia García Vigón depositó en mayo de este año en el juzgado buena parte del dinero reclamado por Hacienda y buscó una negociación con la Fiscalía en un intento de zanjar el caso y evitar el enjuiciamiento del líder empresarial. Pero la ley determina que, con la instrucción ya iniciada, sólo es posible un acuerdo para rebajar la pena y únicamente en el supuesto de que el presunto defraudador reconozca expresamente la comisión del delito. Aquellos contactos no removieron la posición del fiscal y las diligencias siguieron adelante.
A partir del auto conocido ayer, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, tienen diez días para formular sus escritos de acusación o solicitar el sobreseimiento. En medios conocedores de las diligencias se da por seguro que el ministerio público, firmante de la querella que inició la investigación judicial, presentará acusación. A continuación, la juez Begoña Fernández podría dictar auto de apertura de juicio oral y activar la última fase del procedimiento.
El llamado procedimiento abreviado, que se sigue el "caso Enastur", es el común cuando los delitos investigados llevan aparejadas penas inferiores a nueve años de prisión. Según los juristas consultados, la decisión comunicada ayer a las partes puede interpretarse como asimilable al auto de procesamiento que se produce en los sumarios ordinarios cuando, como ahora, el juez instructor halla indicios de conducta delictiva tras el desarrollo de las diligencias previas.
Ahora bien, cabe otra lectura. Según una de las interpretaciones recabadas entre expertos la condición de procesado no se consumaría de manera efectiva para García Vigón hasta que la Fiscalía presente su escrito de acusación y quede desterrada la alternativa del sobreseimiento.
Ese matiz de forma puede tener relevancia para la posición de Severino García Vigón al frente de la patronal FADE y para los movimientos que pudieran producirse entre los sectores y empresas singulares que han mantenido su apoyo al líder empresarial. El auto de ayer coloca a Severino García Vigón, presidente de la FADE desde 1995 y de la Cámara de Comercio de Oviedo desde 2002, bajo el foco del Código Ético de la CEOE, aprobado por la patronal española el pasado mes de junio, mientras en la organización asturiana se libraba un grave pulso interno a cuenta de los problemas empresariales del presidente y de las exigencias de dimisión formuladas por un sector de dirigentes. Éstos ya pidieron en mayo la renuncia de García Vigón, alegando que el líder de la FADE no podía estar implicado en una acusación por fraude fiscal.
El mencionado código obliga a los directivos de la CEOE -Vigón es miembro del comité ejecutivo que preside Juan Rosell-a comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial penal y a poner sus cargos a disposición de los órganos de gobierno de la patronal hasta que se resuelva el asunto. El mismo texto determina que se entenderá abierto un procedimiento penal "cuando se formule contra el interesado escrito de acusación del Ministerio Fiscal, o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia e intensidad, o cuando contra el afectado se dicte auto de procesamiento".
Severino García Vigón, que rechazó dimitir la pasada primavera y recabó el apoyo del 61% de la junta directiva de la FADE para mantenerse en la presidencia, declaró a este periódico el pasado mes de junio que estaba determinado a agotar su mandato, que expira en enero de 2015, y que únicamente reconsideraría esa posición en el supuesto de que la denuncia por fraude fiscal en Enastur condujera a su procesamiento. "Si resulto procesado, me voy; lo he dicho desde el primer día", respondió entonces García Vigón.
Enastur distribuyó bombonas de gas butano durante décadas en Asturias y León. Lo hizo en virtud de un acuerdo con la petrolera Repsol. Tras la denuncia por delito tributario, la familia García Vigón negoció con Repsol la rescisión de ese contrato y la recolocación de la mayor parte del personal en las nuevas sociedades adjudicatarias del servicio. Enastur se mantuvo unas semanas con una pequeña plantilla y entró en concurso de acreedores. Ahora está bajo la dirección de un administrador concursal y en procedimiento de liquidación.
