Severino García Vigón dejará de ser presidente de la patronal asturiana de manera oficial el próximo 21 de noviembre. Lo hará tras comunicárselo a la junta directiva de la FADE que él mismo ha convocado para esta fecha. Según ha comunicado la propia patronal en un escrito remitido esta misma mañana la decisión es "irrevocable".

Según el mismo comunicado la decisión de García Vigón habría sido tomada antes del día 31 de octubre y "con independencia de futuras decisiones judiciales que pudieran afectar a la empresa Energía Astur, a sus apoderados o a mí mismo, con la apertura de procesos, sobreseimientos o incorporando diligencias complementarias. Y lo hago en el ánimo de evitar más presiones que las ya ejercidas sobre FADE, sobre los miembros del comité ejecutivo-que en todo momento han actuado con gran responsabilidad-y sobre mi propia familia"

El fin al conflicto en el seno de la patronal

El 28 de junio, Severino García Vigón, proclamó desde el atril de la Asamblea General de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE): "Creo que ha llegado el momento de pasar página". Hablaba de dejar atrás el seismo que en los dos meses anteriores se había desencadenado en la patronal asturiana a partir de que trascendiera que una empresa familiar de García Vigón y sus responsables directivos, incluido él mismo, estaban siendo investigados por presuntos delitos de fraude tributario con el IVA.

Pero la página no estaba cerrada ni dentro ni fuera de la FADE, como muestra la reciente decisión judicial de abrir un procedimiento penal contra el dirigente empresarial y los movimientos que, a partir de tal resolución, empezaron a producirse en la patronal. Vigón, en medio de un laberinto de problemas judiciales, empresariales e institucionales, parecía entonces determinado a no irse. Sus críticos auguraban, sin embargo, que estaba muy cercano el final de su largo liderazgo al frente de los empresarios asturianos.

"En la guerra los quiero aguerridos", había comentado privadamente García Vigón en algún momento de la refriega de la FADE. Este economista nacido en la Güeria Carrocera (San Martín del Rey Aurelio) en 1941 y que llegó a la presidencia de la patronal en 1995, tenía abiertos al menos dos frentes inmediatos: uno en el Juzgado, donde aún espera respuesta a sus recursos y donde también podría consumarse en cuestión de días su procesamiento por delito contra la Hacienda Pública; otro puertas adentro de la patronal, donde todo dependía del sector del metal, uno de sus apoyos principales para continuar en la presidencia desde su divorcio con la construcción, el transporte y varias de las principales empresas de la región.

La juez Begoña Fernández, titular del juzgado de instrucción número tres de Oviedo, dictó el pasado lunes auto de apertura de procedimiento abreviado contra Severino García Vigón y dos de sus hijos: Pablo y Miguel García-Vigón González. Tal resolución significa, según las interpretaciones jurídicas recabadas, que, tras los testimonios y pruebas practicadas, existen indicios de la posible comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año (2009, 2010 y 2011) en los que la Agencia Tributaria descubrió impagos del IVA de la empresa Energía Astur (Enastur), distribuidora de gas butano. Durante los ejercicios investigados,Vigón ocupaba los puestos de presidente del consejo y consejero delegado; sus hijos desempeñaron responsabilidades como consejeros o apoderados. En enero de 2012, el dirigente de la FADE abandonó las posiciones ejecutivas, que pasaron a sus hijos en calidad de administradores solidarios.

Por lo que ha trascendido, los García Vigón han intentado demostrar ante la juez en primer lugar que no existió ánimo de defraudar. Alegan además que el pasado mayo depositaron en el Juzgado los casi 570.000 euros de la deuda reclamada por la Agencia Tributaria, gesto que por sí solo no detiene el proceso ni exculpa de los posibles delitos tributarios. Con las diligencias avanzadas, la familia ha tratado de probar también que García Vigón estaba desvinculado de la gestión de Enastur, aunque tenía la condición de primer ejecutivo, y que no tuvo participación en los hechos investigados.

La batalla de la pasada primavera, cuando una mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la patronal pidió la dimisión inmediata de Vigón -alegando que los empresarios asturianos no podían estar representados por alguien acusado de fraude fiscal-, se saldó con una votación en la junta directiva (órgano superior) que el veterano dirigente ganó para continuar en el cargo, con una cadena de dimisiones y ceses en el citado comité ejecutivo y con el nombramiento de uno nuevo en el que quedaron retratados los principales apoyos que sostenían a García Vigón en la presidencia de la FADE: organizaciones de pymes entre las que sobresale, por su dimensión, la patronal hostelera (Hostelería de Asturias); la influyente Femetal o compañías singulares como Arcelor, Corporación Masaveu, Grupo Lacera y Naviera Alvargonzález. La construcción, que aupó a Vigón al liderazgo de los empresarios hace dieciocho años, se contaba entre quienes habían pedido con más intensidad su salida. Duro Felguera ya le había retirado su apoyo en mayo y Alimerka llegó a abandonar la organización. Liberbank y HC habían declinado hasta el momento la invitación para incorporarse al comité ejecutivo.

Entre quienes sí están en ese órgano restringido, que nombra personalmente García Vigón, habían empezado algunos movimientos. César Figaredo de la Mora, presidente de las empresas del metal, aceptó en junio una de las tres vicepresidencias de la patronal asturiana y su organización se convirtió en uno de los avales clave para la continuidad de Vigón. Femetal lo había explicado como una forma de contribuir a la "normalización" interna de la FADE y había puesto como condición que se iniciara un "proceso ordenado" de sucesión. Esa posición avivó las discrepancias internas en Femetal, recién salida de un relevo en la secretaría general que había dejado cicatrices y con un sector de asociados partidario de reclamar la renuncia instantánea de Vigón, algo que podría haber precipitado ahora el anuncio de su salida.

Algunos de quienes desde abril estaban demandando esa dimisión redoblaban sus ataques. Manuel García Arenas, cesado como miembro del comité ejecutivo en junio, había atribuido la negativa a irse del dirigente de FADE a los 12.000 euros de remuneración mensual que recibe. Los llamados críticos temían que García Vigón intentase seguir a toda costa, incluso aunque se formalizara su procesamiento, algo que al final no se ha producido.