Liberbank y los sindicatos emprendieron ayer el período oficial de consultas para la negociación de un nuevo plan laboral para la reducción de costes, una vez que la Audiencia Nacional anuló el acuerdo que el banco firmó el 25 de junio con las centrales mayoritarias (CC OO y UGT) al margen del resto de las formaciones sindicales, por lo que el tribunal dictaminó que se había conculcado el principio de libertad sindical.

La propuesta de partida para la nueva negociación que ayer planteó el banco de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para los trabajadores de Liberbank y para los del filial Banco CCM es prácticamente la misma que el grupo aplicó de forma unilateral entre mayo y el 25 de junio pasados y que modificó tras el pacto alcanzado con CC OO y UGT ante el servicio de mediación y arbitraje y que el pasado 15 de noviembre fue anulado por la Audiencia Nacional.

La propuesta inicial de la empresa, sometida desde ayer a negociación, plantea medidas análogas a las que ya estuvieron en vigor, con el rechazo de todos los sindicatos del banco: suspensiones de empleo durante 18 meses -consecutivos o fraccionados- para 1.332 empleados y que se aplicarán en períodos mínimos de seis meses entre el 1 de enero próximo y el 16 de junio de 2016; reducciones de jornada y salario para los 3.918 empleados restantes durante el mismo período y que serán del 30% para 1.000 empleados y entre el 10,04% y el 13% para el resto; reducciones adicionales de las remuneraciones de forma gradual según la escala salarial (mayor recorte a mayor nivel de ingresos) y con exención para las rentas salariales inferiores a 30.000 euros; suspensión de las aportaciones al plan de pensiones y supresión de otros beneficios sociales. Plantea también el descuelgue del convenio en varios aspectos y la posibilidad de aplicar la movilidad geográfica a los trabajadores.

La empresa pretende la reducción de sus costes laborales en el 25% para ahorrar unos 100 millones anuales. Las próximas reuniones se celebrarán los días 17, 19, 23 y 26.

El sindicato CSI dijo en un comunicado que se trata de un "brutal plan de ajuste, al igual que el ahora anulado", y que "pretende dar un barniz de legalidad" al que tumbó la Audiencia Nacional. CSICA, en otro comunicado, exigió una "negociación efectiva" que "respete escrupulosamente la legalidad" y en la que haya "voluntad de negociación" de la empresa.