Santiago Menéndez (Gijón, 1959), director general de la Agencia Tributaria desde julio, asegura que este organismo y sus funcionarios trabajan con máxima profesionalidad, rigor, independencia y absoluta libertad en todos los casos, y así también en aquellos de trascendencia mediática (los informes sobre la relación de la Infanta Cristina de Borbón y el "caso Nóos", el "asunto Gürtel" y el expediente sobre la cementera Cemex), y proclama que ni hay politización de la Agencia, ni él la permitiría, ni la hubo -en lo que conoce, con una larga trayectoria profesional en la Agencia Tributaria- en el pasado, afirma.
Infanta. "La Agencia Tributaria no habla nunca de contribuyentes concretos, y así nos lo exige la Ley General Tributaria. Pero la Agencia Tributaria trata con igualdad a todos los contribuyentes. En las labores de auxilio judicial los funcionarios informan bajo instrucciones del magistrado que instruye el caso o del ministerio fiscal y actúan con profesionalidad en todos los informes que se les reclaman. Quien instruye y quien sentencia es el juez. Los funcionarios asignados han tenido una actuación impecable y han trabajado con absoluta libertad".
Cambios en la Agencia. "Los cargos de libre designación son eso: de libre designación. Es además mi deber rodearme de las personas que considero más adecuadas para desarrollar las líneas de trabajo y alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Cada responsable elige a las personas que cree que mejor van a hacer el trabajo. Y esto no es una empresa privada. Quien es relevado pasa a la plaza de concurso de la que procedía y sin gran pérdida de su nivel retributivo".
Politización de la Agencia. "La Agencia Tributaria no está politizada, ni yo lo permitiría. Y no conozco que lo haya estado con anterioridad. Los funcionarios tampoco lo permitirían".
"Caso Gürtel". "La Agencia Tributaria trabaja con total independencia, con más de 26.000 funcionarios que hacen un trabajo impecable y que tiene por ello un gran reconocimiento nacional e internacional".
"Caso Cemex". "No hablaré de ningún caso específico. Pero el trato ha sido y es siempre el mismo en todos los supuestos. En cada caso no interviene un solo funcionario, sino siempre varios, lo que excluye tratos de favor. Cuando la inspección determina una actuación, según un protocolo de perfiles de riesgo con el que trabajamos, el trabajo se encomienda a una unidad formada por varios funcionarios. Cuando finalizan su intervención, y si hay acta de conformidad, pasa al inspector jefe y a la secretaría. De no haberla, asume el caso la oficina técnica y luego pasa también al inspector jefe. Afortunadamente, no se puede -ni se quiere- alterar este procedimiento, que va en garantía de todos. Sería terrible e insoportable para los ciudadanos y para el personal de la Agencia que no fuese así".
Economía sumergida. "La Agencia nunca ha hecho cuantificaciones de economía sumergida. Es un fenómeno muy difícil de estudiar. De hecho, todos los estudios que existen han sido criticados por la OCDE por sus metodologías. Lo que sí hacemos es atacarla allí donde la detectamos. Y si alguien sabe dónde hay bolsas de fraude que no hayamos detectado, que nos lo diga porque actuaremos de inmediato".
Medios antifraude. "¿Son suficientes los medios de que disponemos? Cuantos más se tengan, mejor. Tratamos de ser lo más eficientes en el uso de los medios de que disponemos. Somos la Agencia de los países de la UE y de la OCDE que incurre en un menor coste por cada euro recaudado. En los últimos años la Agencia ha mejorado constantemente sus resultados. En la lucha contra el fraude se recaudó en 2004 el 0,6% del PIB. Esta proporción ha seguido mejorando hasta llegar al 1,1% en 2012. Y en 2013, a la espera de los datos definitivos, los resultados estuvieron en ese nivel".
Lucha antifraude en Asturias. "En Asturias se ha sido muy activo contra el fraude fiscal y en unidades especializadas, no sólo en software y hardware, sino también en la investigación en sedes corporativas y acceso a ordenadores. Se han hecho cincuenta entradas en sedes mercantiles y de profesionales".
Elusión por multinacionales. "En dos años se han adoptado muchísimas medidas legislativas, muy avanzadas y muy potentes en la lucha contra el fraude, caso de las previstas en la ley 7/2012 y otras. Se ha creado la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), se han establecido convenios de intercambio automático de información con EE UU, hemos hecho embargos de cajas de seguridad en bancos, control de tarjetas que operan desde cuentas en el exterior y otras muchas. No paramos. Hacemos mucho en beneficio de todos".
Presión fiscal y fraude. "No me atrevo a asegurar que haya tal relación de causa-efecto. Y los estudios hay que supeditarlos al análisis de su metodología. Lo fundamental es concienciarnos de que, si no pedimos tiques y facturas, estamos facilitando el fraude en contra de los intereses de todos. El fraude no está sólo en los grandes patrimonios -que son los más controlados-, sino en muchísimas pequeñas operaciones".
