Unión Financiera Asturiana, el mayor de los establecimientos financieros de crédito que operan en España de titularidad independiente (ajenos a bancos, grandes superficies comerciales y empresas automovilísticas), cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto (después de impuestos) de 2,95 millones, el 15,61% más que en el ejercicio precedente.

La financiera asturiana, que este mes cumple 30 años de existencia, acaba de formalizar su incorporación como empresa singular a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Se convierte así en la 44ª empresa singular adscrita de forma individual y directa a la patronal, de la que Unión Financiera Asturiana nunca había formado parte hasta ahora.

La entidad, que preside Alfredo Prieto Valiente y cuyo director general es Fernando Casero, es de capital totalmente asturiano, tiene se de en Oviedo y opera en todo el territorio nacional. La compañía, cuya actividad es el crédito al consumo, genera el 30% de su negocio con la financiación a consumidores bien de forma directa o a través de sus 35 representantes en el conjunto del mercado nacional y el 70% restante procede de la financiación de operaciones de compra de bienes a clientes a través de las empresas que los comercializan (los prescriptores).

El año pasado, Unión Financiera Asturiana cerró con unos activos totales de 33,87 millones de euros (casi el 20% más), unos recursos propios de 12,94 millones (el 22,6% por encima de un año antes), una inversión crediticia de 25,99 millones (31,8% más) y una cobertura de 100,63% de los créditos dudosos. El coeficiente de solvencia de la entidad al cierre de 2013 era del 42,12%, cuatro veces la ratio que se exige a los bancos sintéticos.

Con una leve caída del 1,64% y del 2,1% de los márgenes de intereses y bruto, la compañía asturiana aumentó su margen de explotación el 7,86% (hasta los 4,12 millones) y mejoró su resultado bruto (beneficio antes de impuestos) el 8,88%, hasta los 4,08 millones, y el 15,61% el beneficio neto (2,95 millones). En 2013 realizó 10.183 operaciones de crédito.

Un anteproyecto del Gobierno prevé asimilar el tratamiento y estatus de los establecimientos financieros de crédito (que no captan depósitos) a las entidades de crédito, aunque se trate de instituciones financieras diferenciadas.