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Jesús Arango | Economista y exconsejero del Principado

Luis Martínez Noval: un economista en política

La obra académica del exministro socialista y exsecretario general de la FSA

Luis Martínez Noval: un economista en política

Luis Martínez Noval forma parte de aquellas generaciones de economistas que íbamos a las facultades de Económicas a tratar de aprender Economía para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente, mientras que ahora se va mayoritariamente a formarse para ver cómo se puede ganar dinero. Aquella motivación movió a Luis -y a otros muchos economistas- a participar activamente en las tareas políticas de modernizar un viejo país que intentaba resituarse en la normalidad democrática del continente europeo, y ése fue un compromiso cívico que en el caso de Luis tuvo el coste de oportunidad de haber tenido que prescindir de las aportaciones de un gran profesor universitario de Economía.

Conocí a Luis allá por 1976, cuando entró a trabajar como economista en la Cámara de Comercio de Oviedo. En aquellos años compartí con él muchos trabajos y momentos, tanto privados como públicos. Juntos trabajamos para poner en marcha en 1980 la "Coyuntura Económica de Asturias", que trimestralmente se viene publicando desde entonces. Durante algunos años impartimos clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo en las asignaturas de Teoría Económica: él de Macroeconomía y yo de Microeconomía; y colaboramos también en algunas publicaciones económicas. También en aquellos años nos afiliamos juntos al PSOE con el aval -entonces se necesitaban dos avales de militantes- de los compañeros Ludivina García Arias y Avelino Pérez.

La trayectoria parlamentaria de Luis

Después de su experiencia de varios años como profesor de Macroeconomía (1977-1982), Luis pasa a tener una dedicación plena a la actividad política al salir elegido diputado por Asturias en las históricas elecciones del 28 de octubre de 1982. En las legislaturas posteriores siguió figurando en las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Asturias, manteniéndose durante diecinueve años como diputado en Cortes, hasta el año 2001, fecha en la que pasa a ser consejero del Tribunal de Cuentas, cargo en el que permanece hasta el año 2011. Durante su etapa de parlamentario nacional fue presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados (1986-1990), ministro de Trabajo y Seguridad Social (1990-1993), presidente de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados (1993-1996) y portavoz del Grupo parlamentario Socialista (1998-2001).

La gran cuestión: ¿pensiones públicas o pensiones privadas?

A pesar de que Luis renuncia al principio de los años ochenta a su prometedora carrera universitaria por su decisión de participar activamente en la construcción de una nueva sociedad en un país que salía de más de cuarenta años de dictadura, en la primera mitad de la pasada década se concentra en seguir avanzando en la elaboración de su tesis doctoral, que lleva por titulo "¿Pensiones públicas o pensiones privadas?", y que finalmente presenta en junio de 2005 en el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. A lo largo de 346 páginas estructuradas en cinco capítulos y el consiguiente apartado de conclusiones, Luis aborda una serie de cuestiones relacionadas con los sistemas de pensiones, tales como la implacable demografía; el sistema de reparto; los riesgos e incertidumbres del sistema de capitalización; los mitos, leyendas y controversias en torno a las pensiones; para concluir su trabajo con un capitulo dedicado a la economía política de las pensiones públicas y privadas. Las principales conclusiones que presenta Luis en su tesis doctoral arrancan con la referencia a que la crisis de nuestro sistema público de reparto se sostiene argumentalmente en razones demográficas que vienen apuntando que, allá por el año 2050, muy pocos españoles activos y empleados tendrán que mantener a una pléyade de pasivos y jubilados que precisarán de mayores cotizaciones de los primeros, o de crecientes aportaciones de recursos públicos procedentes de los Presupuestos Generales, vía impuestos. Una situación, en definitiva, insoportable por razones financieras. Los razonamientos empleados en el caso español no son muy distintos de los manejados en el resto de los países de la OCDE. Si acaso, el problema español podría ser más agudo que ningún otro porque de los tres principales factores demográficos (natalidad, mortalidad e inmigración), los dos primeros se vienen comportando tendencialmente en sentido adverso para la perpetuación del sistema público vigente. Sin embargo, las cifras de migraciones de 1998 y de los años siguientes, así como el Censo de Población de 2001, obligó al Instituto Nacional de Estadística (INE) a abandonar sus proyecciones de población y a elaborar proyecciones nuevas radicalmente distintas de las anteriores. En efecto, el factor que dinamitó aquellas proyecciones no fue otro que la inmigración. Consecuentemente, la inhabilitación de las proyecciones demográficas echó también por tierra las predicciones sombrías que se habían hecho respecto al conjunto de nuestro sistema de Seguridad Social.

Por otra parte, Luis advierte que hay otras miradas a nuestra realidad, incluso de ojos de demógrafos, que llegan a resultados bien distintos de los que se difunden masivamente y con tanto denuedo en nuestro país. Una de ellas asevera que si hay empleo, no habrá problemas de población para seguir sosteniendo financieramente el sistema de reparto. Naturalmente, estas investigaciones que se separan del lugar común no llegan a los grandes medios de comunicación. La diversidad de perspectivas alcanza también a la cuestión de las tasas de dependencia. La tasa de dependencia de los mayores o la tasa de dependencia demográfica ofrecen resultados que -siempre sobre la base de erróneas proyecciones ya arrumbadas por la realidad- se presentan como extremadamente preocupantes. No obstante, si la tasa utilizada es la tasa de dependencia económica (empleados totales sobre inactivos totales), la previsible situación futura no es muy distinta de la presente (año de 2005) y, en todo caso, mejor que la de 1976, por citar una fecha concreta. En suma, la opinión de Luis -a la vista de los datos disponibles en aquellos momentos- se inclinaba por sostener que el problema futuro de nuestro sistema de Seguridad Social no será la población sino el empleo. Y se hace las siguientes preguntas: ¿Acaso la economía nacional verá limitadas sus posibilidades de prosperidad y crecimiento por razones demográficas? ¿Ha ocurrido eso en algún país, región o territorio en el pasado? Pese a todo, cualquiera que sea la población ocupada y la beneficiaria del sistema, un hecho queda al margen de conjeturas y proyecciones: la esperanza de vida de la población futura se incrementará como consecuencia de los avances científicos y por esa vía llegará una inevitable presión al sistema público de pensiones.

Las críticas poco fundadas al sistema de reparto y la tercera vía de las cuentas nocionales

El sistema de reparto ha sido profusamente analizado en nuestro país con distintos modelos teóricos, abundando los resultados alarmantes y, en cambio, son muy pocos los que ofrecen una visión de la previsible realidad futura que se inclina por un conjunto de reformas paramétricas orientadas a la pervivencia del sistema. A juicio de Luis, los errores fundamentales en la mayor parte de investigadores que se han acercado al futuro del sistema se derivan de los escenarios habitualmente utilizados para la prognosis del sistema. De un lado, el escenario demográfico hasta el año 2050 resultó de obligado abandono por las razones anteriormente apuntadas; de otro, el escenario macroeconómico, por lo general, erró en la variable fundamental del sistema, que es el empleo. De modo que nos encontramos con ambiciosas proyecciones de gasto en pensiones a 50 años, elaboradas a partir de 1995, que no acertaron a adivinar que en el año 2000 la situación financiera no sería de déficit sino de superávit. Y mucho menos que el balance financiero de 2005 sirviera para acrecentar un fondo de reserva que se venía nutriendo de los excedentes anuales del sistema a partir de 1999. Entonces, para Luis es legítimo y necesario considerar que si toda esa literatura académica fue incapaz de estimar la situación en el año 2000 y mucho menos en el 2005, ¿por qué otorgar crédito científico a sus previsiones para el 2050? La cuestión no es baladí porque muchos de esos trabajos no sólo se elaboraron con finalidad científica, sino como guía para las decisiones políticas en materia tan sensible.

Por el contrario, y en contraposición con el sistema de reparto, al sistema de capitalización se le otorga generalmente la inmunidad ante las dos grandes enfermedades que incuba el sistema público: la demografía y la rentabilidad. Así, si cada trabajador acumula en su cuenta a lo largo de toda su vida laboral una cartera de activos financieros que respaldan su jubilación: ¿dónde aparece la demografía?, ¿qué relevancia tiene que en un año determinado se jubilen 150.000 o 300.000 trabajadores? A este respecto, Luis plantea la realidad que se viviría en el futuro en un sistema de capitalización y toma a la generación de los baby boomers españoles como referencia, para a continuación recordar que cuando llegue el momento de su jubilación tendrán que vender sus activos para comprar pensiones hasta su fallecimiento. Pero como pertenecen a las generaciones de los boomers, las cohortes serán numerosas y también lo serán los activos puestos a la venta. ¿Quién los comprará? ¿Los escasos trabajadores ocupados que estén en la fase de acumulación para su futura pensión? Muchos activos en oferta y pocos demandantes dispuestos a adquirirlos. El resultado no es otro que la caída de los precios de los activos y, consecuentemente, la reducción de las pensiones de la generación de los boomers. Hay, por tanto, incidencia de la demografía en las pensiones que cobrarían en un sistema de capitalización las cohortes anormalmente numerosas. Un sistema de capitalización puede, efectivamente, obtener rentabilidades elevadas para sus trabajadores partícipes. Y puede también no obtenerlas. La causa no es otra que el riesgo, porque no hay rentabilidad sin riesgo. Y, además, cuando el riesgo se pretende disminuir diversificando la cartera, la rentabilidad disminuye. Y ésa fue una cuestión que ya se puso de manifiesto con la coyuntura finisecular, cuando, en nuestro caso, muchos partícipes de planes de pensiones constataron con cierta consternación que su cuenta de posición en el plan no sólo no avanzaba sino que retrocedía. Hay también en la defensa de la capitalización argumentos filosóficos o, si se prefiere, ideológicos. La capitalización permite, a diferencia del reparto, la opción individual y la asunción de cada trabajador de la responsabilidad de su propia vejez al margen del Estado. Sin embargo, ello -en opinión de Luis- es mera retórica si se tiene presente que en América Latina, donde en una miríada de países el reparto fue sustituido por la capitalización en las décadas finales del siglo XX, ésta se impuso de modo obligatorio a los trabajadores.

La controversia entre ambos sistemas, sus fundamentos teóricos, sus implicaciones micro y macroeconómicas han propiciado un ingente arsenal literario en el que destaca el empeño de los organismos multilaterales nacidos en Bretton Woods y otros radicados en Europa, que han acogido, y en ello siguen, toda esa interminable polémica. Entre tanto, a modo de tercera vía, ha surgido una alternativa denominada cuentas nocionales que se han implantado en algunos países europeos, aunque lo más y mejor conocido es su alumbramiento en Suecia. En realidad, que haya sido un Gobierno socialdemócrata el que lo haya implantado es lo que ha conferido a la experiencia un atractivo especial. Las cuentas nocionales adoptan de la capitalización la idea de cuenta individual de cada trabajador, y del reparto, la idea de la financiación como asunto colectivo y mancomunado. El momento en el que Luis concluía su tesis doctoral -año 2005- resultaba todavía muy cercano a la implantación de este nuevo sistema de pensiones para juzgar sus resultados. Años más tarde, en su último artículo publicado en 2012 -y que se comenta más adelante- el propio Luis señala los problemas que estaba teniendo el modelo sueco como consecuencia de los efectos de la crisis financiera. El tiempo, sin embargo, sí había permitido valorar la experiencia de los países latinoamericanos. Y ha sido el propio Banco Mundial, que estuvo en el origen del cambio de sistema, y sus expertos en pensiones, los que han abandonado la dogmática de sus recomendaciones para pasar sostener que el esquema de pensiones que cada país debe adoptar se ha de corresponder con su nivel de desarrollo y con sus posibilidades. Se recomienda, así, un retroceso del pilar profesional de capitalización individual, a favor de un avance del primer pilar fundado en el reparto. Pero quizá lo más llamativo se encuentre en la aseveración de que un sistema de pensiones no puede ser diseñado para alcanzar objetivos macroeconómicos (aumento del ahorro nacional, desarrollo de los mercados financieros), sino para lograr objetivos sociales como el máximo nivel de cobertura de la población trabajadora y, claro está, la lucha contra la pobreza en la vejez. Una conclusión que Luis hace suya.

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