"El aparente triunfo sindical no lo es para los trabajadores. Mientras que los primeros brindan, los segundos rezan". Las palabras las escribió Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola en España, en su cuenta personal de la red social Twitter unas horas después de conocer el fallo judicial que anula los despidos en Coca-Cola Iberian Partners, embotelladora del refresco estadounidense, un ajuste que se había saldado, entre otras medidas con el cierre de cuatro plantas, incluida la asturiana de Colloto (Siero). En su fallo, la Audiencia Nacional da un severo correctivo a la actuación de la compañía durante la negociación con los sindicatos, desactiva los despidos (incluidas las prejubilaciones y las bajas incentivadas) y obliga a readmitir a 821 personas en España (unas 40 en Asturias).
No obstante, en otro tuit, De Quinto dio a entender que ningún trabajador de los afectados por los ajustes volverá a su puesto. "Las fábricas que cerraron seguirán cerradas, la sentencia se recurrirá y el ERE seguirá", escribió. Sus palabras desataron la indignación entre los trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners, que acusaron en la red social al directivo de no haber sabido encajar la derrota sufrida ante los tribunales.
Los sindicatos están barajando pedir la ejecución cautelar de la sentencia para que los empleados puedan volver a sus antiguos puestos antes de que la sentencia sea firme. La multinacional ya ha anunciado que la sociedad embotelladora recurrirá ante el Supremo, lo que podría alargar notablemente el proceso.
Uno de los aspectos que reprocha la Audiencia a la compañía es que la unión entre las ocho sociedades embotelladoras que dio lugar a Coca-Cola Iberian Partners no estaba consolidada y que nos se informó a los representantes de la plantilla sobre el proceso de integración, al que siguió el ajuste laboral y los cierres.
El escrito judicial desvela que la compañía barajó en un principio dos alternativas para recortar costes, después encargar un estudio sobre su situación productiva y su reordenación a la consultora "Equipo Económico", fundada por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de dar el salto a la política. La opción elegida finalmente, que la empresa denominó "mapa circular" y que incluyó el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante, supone un ahorro anual de 33 millones de euros para un conjunto de empresas que entre enero y noviembre del año pasado habían ganado casi 135 millones de euros, de los que casi tres provinieron de la embotelladora sierense.
Sin embargo, la empresa también barajó, desvela la sentencia, otra alternativa, denominada "mapa radial", en la que el ahorro de costes sería menor y que hubiera supuesto menos cierres de factorías. Suponía mantener la planta embotelladora de Fuenlabrada (Madrid) y dejar sólo una en la cornisa cantábrica -no se especifica cuál de las tres se mantendría, si la de La Coruña, Colloto o Bilbao-, así como "racionalizar", asegura, el mapa de fábricas en el Levante, Baleares y Andalucía. El ahorro de los costes se calculó en unos 20 millones de euros, trece menos que la opción que finalmente se adoptó.
La sentencia también ofrece algunos datos sobre la evolución del negocio de la empresa. La producción de las plantas españolas, pese a que seguían logrando resultados positivos, descendió un 4,3% entre 2011 y 2013, y se había producido una evolución del consumo hacia formatos de mayor tamaño.
El fallo de la Audiencia Nacional basa buena parte de sus argumentos para anular los despidos en la forma en que se condujo la compañía ante la fusión de las embotelladoras en un solo grupo. "La existencia del grupo se revela sorpresivamente a los trabajadores precisamente para iniciar el despido colectivo y en beneficio exclusivo de Coca-Cola Iberian Partners (CCPI, la compañía que surgió de la fusión)", afirma. Y añade: "desde el punto de vista de valoración de la buena fe, llama poderosamente la atención cómo de forma simultánea al período de consultas de una de las empresas, en Casbega (la planta de Madrid), se negociaba y suscribía un convenio colectivo que afectaba a uno de los centros de trabajo que se iban a cerrar, sin hacer apreciación alguna respecto de que la verdadera empresa de los trabajadores no era ya Casbega, sino CCPI". También argumenta que los trabajadores continuaban vinculados a las respectivas empresas de la zona en la que trabajaban, Asturbega en el caso de los asturianos, "y no habían sido dados de alta por cuenta del grupo, ni se les había informado a cada uno del cambio de empleador que se había producido".
El tribunal también acusa a la empresa de haber incurrido en "esquirolaje interno" al haber aplicado medidas de movilidad funcional de los trabajadores con el objetivo de sustituir a los huelguistas. Según la sentencia, Coca-Cola modificó rutas de distribución del producto fabricado en las diversas factorías para suministrar productos a la plataforma logística de Madrid. Precisamente el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, pidió ayer a la multinacional que vuelva a reabrir la planta.
En un comunicado interno, Coca-Cola Iberian Partners aseguró que "el proyecto de integración y la nueva operativa del día a día del negocio sigue su curso". En el escrito firmado por el director general, Víctor Rufart, se señala además que la sentencia no afecta, "si no es su voluntad", a los trabajadores que se acogieron a la oferta de prejubilaciones y bajas incentivadas, grupo al que pertenecen los cuarenta asturianos concernidos por la sentencia.
